El exlehendakari Juan José Ibarretxe hablará el próximo viernes, 28 de marzo, en el Colegio de Abogados de Bilbao, sobre "el encaje constitucional del derecho a decidir" y las experiencias independentistas de Cataluña y Escocia.
El primer presidente autonómico del Estado español que realizó en 2003 una propuesta de Nuevo Estatus Político que contemplaba el derecho a decidir y la realización de una consulta -que fue aprobado en el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004 y rechazado en el Congreso el 1 de febrero de 2005- intervendrá en el seminario junto a profesores y abogados.
En concreto, participarán también en la jornada la abogada y miembro de la dirección de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Irene Martín Abellan; la profesora de Derecho Público y Derechos Humanos y miembro del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad de Edimburgo; Elisenda Casanas Adam; y el profesor de Derecho Administrativo de la UPV/EHU y secretario del Campus de Bizkaia, Iñigo Urrutia Libarona.
Los cuatro departirán sobre "El encaje constitucional del derecho a decidir. Modelos del Derecho Comparado europeo". Con este seminario, el Colegio de Abogados de Bilbao pretende "analizar el marco teórico del encaje constitucional del derecho a decidir y sus posibles aplicaciones prácticas".
Experiencias en Cataluña y Escocia
El objetivo también es "conocer de primera mano las experiencias catalana y escocesa", a seis meses del referéndum sobre la independencia de Escocia, y cuando Cataluña se propone celebrar una consulta el día 9 del próximo mes de noviembre, que el Gobierno de Mariano Rajoy ha asegurado que no se celebrará.
Para ello, han invitado como ponente, entre otros, a Juan José Ibarretxe, ahora director del 'Agirre Lehendakaria Center gor Social and Political Studies', considerado un precursor en el impulso en el Estado español de la reivindicación del derecho a decidir.
Tras proponer y aprobar una Nuevo Estatus Político para la Comunidad de Euskadi, en el que proponía someterlo a referéndum entre la ciudadanía vasca, logró que la Cámara autonómica aprobara el 27 de junio de 2008 una Ley de consulta popular que preveía celebrar el 25 de octubre de ese año y que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional antes de que pudiera materializarse.
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