El Pleno del Parlamento vasco aprobó hoy por 34 votos a favor de PNV, EA, EB, Aralar y un parlamentario del PCTV; 33 en contra, del PP y PSOE, y 7 abstenciones, del PCTV, el proyecto de ley de consulta popular impulsado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
El Gobierno vasco aprobó el pasado 28 de mayo, en una reunión extraordinaria del Consejo, el proyecto de ley de regulación de la consulta. El 3 de junio, la Mesa del Parlamento vasco admitió a trámite este proyecto de ley. La consulta que propone Ibarretxe está prevista para el 25 de octubre y en ella se formularán dos preguntas a los ciudadanos vascos.
La primera cuestión será: "¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?".
La segunda interpelación a los ciudadanos reza: "¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?".
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, consideró hoy una "falta de respeto" al Parlamento vasco el anuncio del Gobierno español de recurrir el proyecto de ley de consulta popular que gracias al apoyo del PCTV aprobará hoy la Cámara vasca. En su intervención en el Pleno del Parlamento vasco para presentar su iniciativa legislativa, Ibarretxe preguntó: "¿Cómo se puede amenazar con paralizar cualquier consulta antes incluso de conocer la decisión del Parlamento vasco? ¿En qué democracia que se precie de tal se prohíbe consultar a la ciudadanía?".
Reacción del Gobierno
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernandez de la Vega, ha querido dejar claro que el Ejecutivo no permitirá "el desafío del señor Ibarretxe". Un desafío que según la vicepresidenta "es una segunda versión de las maniobras de hace cuatro años, cuando puso sobre la mesa su plan soberanista". Por este motivo, ha añadido que el proyecto volverá al cajón de donde salió, "porque no caben desafíos al estado de derecho".
De la Vega ha destacado que el Ejecutivo respeta con "lealtad institucional" las medias aprobadas en el Parlamento vasco pero que "exigen la misma lealtad con las normas que rigen nuestro Estado de derecho". Por ello ha asegurado que el mismo día que se publique el acuerdo aprobado hoy el Ejecutivo "iniciará los trámites para interponer el recurso de inscontitucionalidad ante el Tribunal Constitucional".
Falta de respeto de Zapatero
Qué falta de respeto a esta institución suponen las declaraciones del presidente del Gobierno español y de destacados miembros, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, amenazando con la paralización a cualquier precio de la consulta!", agregó.
Ibarretxe, que inició su intervención reconociendo sentir "emoción interna y orgullo" por plantear una consulta popular, reiteró sobre la oposición del Gobierno español: "¿Qué talante democrático tiene un Estado que apela constantemente a los tribunales para solucionar problemas políticos de convivencia? Porque, no nos engañemos, no estamos ante un problema jurídico sino de voluntad política", enjuició.
Zapatero ve una grave división
El presidente del Gobierno
respondió esta tarde a las acusaciones del lehendakari, Juan José Ibarretxe, asegurando que es muy difícil visualizar una división mayor que la de hoy en el Parlamento vasco al votar su "idea" de consulta.
Zapatero respondió que "lo que más divide es no respetar el ordenamiento constitucional y la ley", porque la democracia es ante todo reglas de juego pactadas.
La votación de hoy en el Parlamento vasco ha plasmado la división, añadió Rodríguez Zapatero. "Es muy difícil que pueda haber una división mayor".
La reacción del PP
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, anunció en Vitoria la interposición por parte del PP de un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley de consulta popular aprobado por el Pleno del Parlamento vasco.
De Cospedal, en rueda de prensa celebrada en la sede del PP de Vitoria, reclamó del Gobierno español la inmediata suspensión de la iniciativa legislativa impulsada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y aprobada por la Cámara vasca gracias al apoyo de un parlamentario del PCTV.
Dar la palabra al pueblo vasco
Aseguró el jefe del Ejecutivo vasco que su propuesta se realiza "con serenidad, sin dramatismo". En su opinión, "dar la palabra al pueblo para conocer su opinión y actuar en consecuencia no sólo es un ejercicio de responsabilidad política, sino de normalidad democrática".
Tras remachar que "no es dramático consultar a la ciudadanía; lo dramático es la existencia de la violencia", señaló que los poderes públicos vascos "estamos obligados a plantear iniciativas para facilitar la participación de todos los ciudadanos (...), como recoge expresamente el artículo 9.2 del Estatuto de Gernika".
Altura de miras
Ibarretxe reclamó de los partidos políticos vascos "la misma altura de miras y madurez que ha demostrado la sociedad vasca" hacia una iniciativa que enjuició "legítima, moderna, legal, oportuna, democrática e innovadora". Incidió en la necesidad de "romper la espiral que nos impide resolver el conflicto vasco". "Llevamos muchos años caminando en espiral y mientras no seamos capaces de avanzar no habrá salida, sólo cansancio y frustración".
El lehendakari recordó que el pasado 16 de octubre presentó en la Moncloa al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, una oferta de pacto institucional para "avanzar en la normalización política y en la paz", y lamentó que "le ofrecí una mano tendida y su respuesta fue el rechazo, el no".
El muro que bloquea la política
Siete meses después, el pasado 20 de mayo presentó la misma propuesta por escrito: "De nuevo el no. De nuevo un muro que bloquea la situación política de este país". "Con mayor gravedad si cabe", denunció, "pues el presidente español se negó a dialogar conmigo, representante democrático de este pueblo, de lo mismo que habló y negoció con ETA e incluso estuvo dispuesto a firmar con Batasuna el 25 de octubre de 2006".
Aseveró Ibarretxe que su propuesta de consulta popular es legal, "porque una consulta popular no vinculante, como la que se recoge en el proyecto de ley, no es un referéndum y, por tanto, no está sujeta a los requisitos que plantea el artículo 149 de la Constitución". Además, añadió, porque consultas similares "están admitidas" en otros estatutos de autonomía, "sin necesidad de que la Constitución se haya visto modificada por ello".
"Será un camino no exento de dificultades, pero ilusionante. Sabemos que habrá quien esté tentado de prohibir este camino. Sabemos que habrá quien esté deseando que no salgamos de esta maldita espiral de violencia y bloqueo político. Pero quien trate de impedir que este camino sea recorrido por la sociedad vasca, estará haciendo un flaco favor a la democracia y a la solución del conflicto vasco. Y además, lo estará haciendo en vano", sentenció.
El apoyo de EHAK
Por su parte, la portavoz del PCTV-EHAK en el Parlamento Vasco, Nekane Erauskin, ha confirmado que dará el voto que permitirá aprobar la consulta, aunque ha acusado al lehendakari de hacer "trampa" porque "ejercer el derecho a decidir no es realizar una consulta no vinculante".
Con este único voto a favor EHAK pretende "no impedir" que salga adelante el proyecto, pero mostrar a la vez su oposición con su contenido y su convicción de que éste no podrá llevarse a cabo dentro del marco constitucional. En este sentido, Erauskin ha denunciado que Ibarretxe hace "trampa", porque "ejercer el derecho a decidir no es realizar una consulta" y porque la ley de consultas "oculta la violencia estructural de los estados francés y español".
Tras asegurar que la ley de consulta "responde a los intereses electorales del PNV y nace y muere en este marco", ha insistido en que el objetivo de PNV y PSOE es "pactar un acuerdo para acometer una reforma del Estatuto dentro de los límites constitucionales". Por todo ello, ha reclamado como "única alternativa" la superación del marco constitucional autonómico, a través de un acuerdo entre agentes sociales y políticos, "sin exclusiones territoriales ni políticas".
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