El exconsejero y exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, ingresado en la prisión de Aranjuez por el 'caso Púnica', vuelve a estar de actualidad. Esta vez por el supuesto cobro de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por facilitar suelo y permisos para abrir centros concertados en el Gobierno de Esperanza Aguirre.
A medida que transcurre la investigación del 'caso Púnica' aparecen nuevos supuestos datos como éste de los colegios concertados que eran puestos en marcha con el permiso del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Francisco Granados y David Marjaliza habrían diseñado el negocio perfecto para lucrarse mediante la construcción de colegios, cuenta este martes el diario ABC. El político y el amigo constructor cobrarían entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha.
En este caso, el pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro, el municipio de Francisco Granados y donde él mismo ejerció como alcalde. Alfedel se dedicaba a promover colegios concertados y luego venderlos a cooperativas de profesores que los gestionaran. El dueño de la empresa, Alfonso Ferrón, está imputado por estos pagos.
El esquema, describe ABC, sería siempre el mismo. Granados, secretario entonces del Partido Popular de Madrid y número tres del Gobierno de la Comunidad, usaba su influencia política para que los ayuntamientos madrileños cedieran el suelo a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio para el municipio. Así pues, antes de la puesta en marcha del colegio, Alfedel aseguraba a los profesores -que eran sus clientes- que el centro educativo iba a recibir el concierto por parte del Ejecutivo regional.
La mano de Marjaliza
En la segunda fase del procedimiento, Alfedel pagaba una comisión que variaba según las características del colegio, relatan las fuentes consultadas por ABC. La comisión, en el fondo, venía disfrazada por un contrato falso de consultoría entre Alfedel y la sociedad del amigo-constructor de Granados, David Marjaliza, supuesto número dos de la 'trama Púnica'. De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba la comisiones, siempre con facturas falsas, pero con apariencia legal. No se manejaba dinero negro.
Marjaliza -añade el diario madrileño- contaba con su empresa Obrum, que era la encargada de construir el colegio, siendo el colegio, con la excusa de la educación, el verdadero negocio. Ahora, la investigación trata de dilucidar cómo hacía Marjaliza para hacerle llegar el dinero a Granados, en metálico, como apunta la Audiencia y la Guardia Civil, o en especie, a través de inmuebles, prebendas y plusvalías.
Una vez que la empresa construía los colegios les cobraba a los profesores un 7% del valor final del colegio. Teniendo en cuenta que cada colegio de Alfedel ha costado entre 15 y 30 millones de euros, la comisión del propietario de Alfedel ascendía hasta 2,1 millones, de los que alrededor de la mitad iban directamente a la sociedad consultora de David Marjaliza, amigo personal de Granados, a través de facturas ficticias.
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