La operación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se ha detenido este martes a la exdelegada provincial de Empleo de Almería de la Junta de Andalucía Francisca Pérez Laborda no prevé por el momento nuevas detenciones en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya. ¿Dónde están los 849 millones que la Junta destinó a la formación?.
Así lo han indicado fuentes del caso, quienes han precisado que la detención de Pérez Laborda, actual técnico eventual en la Delegación de Gobierno de la Junta, se ha hecho en función de su anterior cargo como directora provincial de SAE en el marco de esta operación que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas.
Las mismas fuentes han precisado que, por el momento, se trata de la única detención prevista en la provincia de Almería, donde no se han practicado registros en la sede de la Delegación Territorial de Empleo ni en ninguna de los organismos dependientes de ella a diferencia de otras provincias como Huelva, donde sí se han personado agentes.
Las otras detenciones
La UCO ha detenido también a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, así como a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Otros detenidos son el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y la exdelegada de Empleo de Granada, Marina Martín Jiménez.
Dentro de esta operación, y según han precisado fuentes de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.
El caso, bajo secreto parcial
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".
En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto. Relacionadas
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución". EL SAE
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".
En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".
Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".
Primeras reacciones
Por su parte, la Junta de Andalucía ha decidido apartar de sus funciones a los delegados provinciales Muñoz y Cosano, aunque ha querido dejar claro que las considera personas "honestas e íntegras" y ha pedido respeto a su "presunción de inocencia".
Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Miguel Ángel Vázquez, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno en funciones tras las elecciones autonómicas del pasado domingo.
Tras señalar que el Gobierno andaluz "no conoce los detalles de la operación", sino únicamente la "información publicada en los medios de comunicación", Vázquez ha explicado que, aunque la Junta respeta la "presunción de inocencia" y está "convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras", ha decidido "apartarlos de sus funciones" porque es necesario "actuar de manera implacable" con el objetivo de "preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía".
Condena de Susana Díaz
La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha querido dejar claro este martes, en relación a esta última operación, que cuando "un responsable público es detenido, tiene que ser destituido" del puesto de responsabilidad que ostente.
En declaraciones a los periodistas en Pilas (Sevilla), Díaz, que ha insistido en que para ella lo primero es que los andaluces siempre tengan "la tranquilidad y la confianza" en sus instituciones.
Díaz ha agregado que, "evidentemente, desde el respeto a la presunción de inocencia", cuando un responsable público "es detenido tiene que ser destituido" del puesto de responsabilidad que ostentara.
La presidente electa andaluza ha manifestado que los andaluces saben que ella tiene una sola vara de medir y la va a aplicar siempre y que, para ella, "la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones es lo primero". "Lo voy a hacer siempre al frente de la presidencia de la Junta", ha sentenciado.
Diez detenidos por los cursos de formación
