La última operación de la trama Púnica sacudió ayer los cimientos de doce ayuntamientos de Madrid y la Comunidad Valenciana. A lo largo de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el consistorio de Moraleja de Enmedio y acudieron a otros once en busca de documentación. Además, esta segunda fase de la operación instruida por el juez Eloy Velasco y que desmanteló una trama de presuntos contratos fraudulentos por parte de la Administración, se ha saldado con diversas detenciones y requerimientos en sedes sociales de empresas, según informó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.
Entre los consistorios que han tenido que facilitar información a la UCO en la Comunidad de Madrid está el de la propia capital, además de Collado Villalba, Valdemoro, Coslada, Majadahonda y Alcobendas.
Al alcalde de este último municipio, Ignacio García de Vinuesa, número 27 en la lista de Cristina Cifuentes, la visita de los agentes a su consistorio le pilló ayer en mitad de la constitución de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Al finalizar el pleno, García Vinuesa aseguró que su Ayuntamiento no está implicado en la red y negó el registro de su despacho. El edil explicó que se les han pedido unas "facturas de unos servicios de los años 2011 y 2012" relativos a contratos con Eico y Madiva. "Ha llovido mucho" desde aquello, señaló García Vinuesa, que añadió que no teme "en absoluto" resultar imputado en la trama.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Alcobendas contrató con cuatro empresas de la trama: Waiter, Cofely, Madiva e Eico por valor de 237.000 euros. En Moraleja de Enmedio, este otoño se investigó un contrato de suministro del alumbrado público por quince años con Cofely. En Coslada, se han solicitado contratos firmados con Cofely del 2007 a 2011 -con gobierno del PSOE- y con el empresario de publicidad corporativa Alejandro de Pedro.
Los tentáculos valencianos
En la Comunidad Valenciana, la UCO se ha desplazado para reclamar documentación a los ayuntamientos de Valencia, Castellón, Gandía y Dénia. En concreto, ha solicitado la entrega de facturas por concratos de servicios con varias empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, empresario imputado dentro de Operación Púnica.
En el caso de Valencia, se trata de pagos a la firma Madiva Editorial, que publicaba el diario Valencia Ahora, por inserciones de publicidad institucional en el mismo durante el segundo semestre de 2014. Desde el consistorio se apunta que, en cuanto el escándalo salió a la luz, en el mes de octubre, este acuerdo se canceló.
En Gandía, se investigan las relaciones entre el Ayuntamiento y las empresas Madiva Editorial y Eico Management, que se encargó del posicionamiento de la web municipal y gestión de redes sociales del municipio. Asimismo, se ha pedido información sobre contratos firmados por el anterior gobierno municipal del PSOE, con otra empresa vinculada a De Pedro, Autoritas Consulting. De Pedro también trabajó para el alcalde de Gandía, Arturo Torró, en la campaña electoral de 2011, en la que el PP consiguió la mayoría absoluta.
Varias detenciones dentro de la segunda fase
