Barcelona, 12 jun (EFE).- La comisión del Parlament sobre Spanair considera que las administraciones públicas no tuvieron responsabilidad política en la quiebra de la aerolínea, tras prosperar las conclusiones de los grupos PSC, ERC y CiU.
La comisión ha rechazado las conclusiones del PP, Ciutadans e ICV-EUiA, que sí consideraban que hubo responsabilidades políticas en la actuación de la administración.
La mesa de la comisión unificará los tres textos de conclusiones aprobados hoy en uno sólo y lo elevará al pleno del Parlament de Catalunya.
El presidente de la comisión, Matías Alonso (C's), ha dicho que espera que el trabajo de los grupos haya servido para "dar más luz" a la situación de una empresa privada que tuvo repercusiones y fondos públicos y que haya servido para que los catalanes tengan una visión más amplia de lo ocurrido.
La comisión de Spanair se constituyó el pasado mes de noviembre para determinar si hubo responsabilidades políticas en la quiebra de la aerolínea y, por ella, han pasado unas 40 personas, entre ellas el que fuera su presidente Ferran Soriano o los consellers de Economía y Empresa.
En su intervención de hoy, el represente de CiU, Antoni Fernández Teixidó, ha sido contundente al decir que su grupo cree que no hubo responsabilidades políticas, ni éticas, en la quiebra de Spanair y que la actuación de las administraciones fue "justificada", aunque ha reconocido que se cometieron errores, pero sin intencionalidad política.
La representante del PSC Alicia Romero ha explicado que Spanair fue un proyecto "acertado" y que de su quiebra no se derivan responsabilidades políticas ni del gobierno tripartito) ni del de CiU.
En sus conclusiones, ERC apunta que la operación de compra de Spanair tenía como objetivo incidir positivamente en la economía catalana y que la entrada de la Generalitat en el accionariado de la aerolínea estaba justificada con el objetivo de convertir el aeropuerto de El Prat en un "hub" e impulsar los vuelos intercontinentales.
La representante de Ciutadans Ines Arrimadas ha asegurado que la compra y apoyo de Spanair por parte de las administraciones catalanas fue una "operación política" impulsada por diferentes gobiernos nacionalistas.
Para Arrimadas, se trató de una operación "previsible y evitable" que costó más de 180 millones de euros de dinero público en plena crisis económica.
El representantes del PP Jordi Roca considera que la operación de Spanair registró una serie de "errores encadenados" y ha lamentado la perdida de 218 millones de euros de dinero público y las deudas irrecuperables de más de 500 millones de euros.
Por parte de ICV-EUiA, David Companyon, que ha votado en contra de las conclusiones de CiU y se ha abstenido en las de ERC y PSC, que fueron sus socios en el tripartito, se ha quejado de la inversión pública que supuso la operación de Spanair en un contexto de recortes en materias tan importantes como la sanidad y la educación.
En 2009, un grupo de empresarios catalanes, con el apoyo de la Generalitat gobernada por PSC, ICV y ERC adquirieron la compañía Spanair con el objetivo de convertir El Prat en un aeropuerto "hub" e impulsar los vuelos intercontinentales.
Spanair cesó su actividad el 27 de enero de 2012, dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros, y el 30 de enero presentó concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros.
La comisión de Spanair se constituyó el pasado mes de noviembre para determinar si hubo responsabilidades políticas en la quiebra de Spanair después de que un juzgado mercantil de Barcelona calificara de culpable el concurso de Spanair y condenó a su expresidente, Ferran Soriano, y a los miembros del consejo de administración a pagar solidariamente 10,8 millones de euros.
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