Política

El Supremo pide autorización al Congreso para seguir investigando a Viera

Viera, a las puertas del Supremo. Imagen: EFE

El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los diputados autorización para poder seguir investigando en la causa de los ERE fraudulentos al diputado y exconsejero de Empleo en Andalucía José Antonio Viera, a quien el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorque Barreiro, imputa los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

Tras ser imputado formalmente, Viera no renunció a su acta de diputado y aunque abandonó el Grupo Parlamentario Socialista se reintegró en el Mixto, por lo que sigue siendo aforado.

En el auto dictado este jueves por la Sala de Admisión del alto tribunal se señala que consta "la efectiva renuncia a sus escaños en el Congreso de los Diputados" de los también investigados en esta causa e imputados por prevaricación administriva Manuel Chaves, expresidente andaluz, y Gaspar Zarrías, quien ostentó la consejería de Presidencia en dicha comunidad autónoma.

No se alude al también ex presidente y exsenador Antonio Griñán pues éste ya había abandonado la cámara alta, y por lo tanto había perdido el fuero cuando se dictaron las resoluciones por las que se imputó formalmente a todos ellos.

Respecto de los dos primeros, la sala de Admisiones apunta que han remitido sendos escritos con alegaciones contra la exposición razonada que dictó contra ellos el instructor, que "han sido unidos a la causa a los efectos pertinentes".

Fuentes del alto tribunal han señalado que también queda pendiente la resolución del recurso interpuesto por Griñán contra el auto que contenía las acusaciones contra él, también por prevaricación en relación con la concesión de las ayudas socio-laborales investigadas.

Respecto de Viera, la Sala integrada por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y otros cuatro magistrados acuerda remitir*el correspondiente Suplicatorio al presidente del Congreso, Jesús Posada, por conducto del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con testimonio de la exposición del instructor por lo que se refiere a este aforado en concreto.

En consecuencia, por el momento se suspende la tramitación de las presentes actuaciones en cuanto se refieran al aforado, hasta que por el Congreso se resuelva lo que tenga por conveniente.

"No supone inculpación formal"

Por lo que se refiere a la exposición razonada emitida por el instructor con respecto al exconsejero de Empleo "no supone una decisión formal de inculpación que aún no es posible legalmente", según destaca el Supremo en su auto, y no es suceptible de recurso.

Según la Sala, la ley no prevé traslado alguno a las partes antes de que el instructor de la causa formalice su exposición razonada, y tampoco como actuación previa a la adopción de cualquiera de las decisiones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, el auto dictado este jueves considera "suficientemente razonable" la exposición remitida por el instructor Jorge Barreiro para dar curso a la petición contra Viera, "no siendo necesario hacerlo respecto de los demás al haber cesado su condición de aforados", insiste.

El magistrado Jorge Barreiro acordó el pasado 25 de junio continuar el procedimiento abierto contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.

El juez abrió una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera - a quien también imputa malversación de fondos públicos- y Gaspar Zarrías, ambos diputados en dicho momento, y dejando fuera del procedimiento a la exconsejera y senadora Mar Moreno, en la que no encuentra delito.

Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor elevó a través de un auto los indicios recabados en su contra y solicita que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados.

A lo largo de los 130 folios de la exposición motivada el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza en primer lugar el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía.

El juez relataba en su escrito cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

Alberto Jorge Barreiro concluía en su exposición que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se pregunta si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecional mente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecional mente por el intervenido".

El magistrado cuantificó además en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas.

comentarios0WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin