Empate perfecto en la tercera votación -y última- en la Asamblea Nacional convocada por la CUP, y en la que se decidía si se apoyaba o no una investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat.
El 'sí' y el 'no' a la investidura de Artur Mas han empatado a 1.515 votos en la tercera y definitiva votación de la asamblea de la CUP, lo que ha llevado a la formación anticapitalista a darse una prórroga hasta el 2 de enero para decidir, cuando tendrá lugar una reunión del consejo político, según fuentes de la CUP consultadas por Efe.
Tras este insólito resultado, la dirección de la CUP ha convocado una reunión del consejo político de la formación y del grupo de acción parlamentaria que agrupa a sus diputados en el Parlament para decidir qué hacer.
Los cuatro escenarios que se sometían a votación son aceptar las medidas políticas de la propuesta de JxSí y aceptar a Mas como presidente; otro era rechazar a Mas y seguir negociando con JxSí; la otra opción era rechazar las propuestas de JxSí pero facilitar la investidura de Mas por parte de la CUP; y la otra era rechazar la propuesta de medidas políticas y a Mas, e instar a JxSí a buscar acuerdos sin la CUP, "a través de la abstención en el Pleno de investidura".
La CUP pide a JxSí que mejore su propuesta
La CUP ha pedido esta noche a Junts pel Sí (JxSí) que mejore su última propuesta negociadora para superar el "empate diabólico" que, ha dicho el presidente de su grupo en el Parlament, Antonio Baños, se ha producido en la Asamblea Nacional en Sabadell (Barcelona).
Según han indicado en una breve comparecencia Baños y otros diputados de la CUP, ha habido "un resultado muy ajustado" al registrarse un empate a 1.515 votos entre los militantes partidarios de aceptar el acuerdo con el JxSí y de investir como presidente de la Generalitat a Artur Mas y los contrarios a dicha posibilidad.
En este contexto, ha explicado Baños, y a fin de superar "la aritmética diabólica" con la que el independentismo catalán ha tenido que afrontar resultados como el de las elecciones del 27S y la asamblea de hoy de la CUP, "hay que encontrar soluciones políticas" que permitan "la construcción de la república catalana".
Tanto Baños como la portavoz parlamentaria, Anna Gabriel, han coincidido en pedir a Junts pel Sí que "haga una lectura adecuada" del resultado de la asamblea "porque ahora tiene la opción de presentar otra propuesta" que mejore la actual, o quedarse quieta".
La última propuesta de Junts pel Sí
El documento a discutir prevé una Presidencia a cuatro encabezada por Mas y con tres presidencias de comisión de gobierno, como una Presidencia en transición "de un modelo autonómico a la república catalana", como dijo el día 22 el diputado de JxSí Raül Romeva.
La propuesta de JxSí prevé construir estructuras de Estado y un marco legal que asegure una transición "con todas las garantías jurídicas", y hace hincapié en el compromiso escrupulosamente democrático del acuerdo, que tiene como objetivo ampliar la base social que apoye el proceso.
Buena parte del plan de choque social de la propuesta depende de aprobar unos nuevos Presupuestos, por lo que JxSí propone crear un Grupo de Trabajo Presupuestario -con representación paritaria de la Conselleria de Economía, de JxSí y de la CUP- para diseñar los Presupuestos 2016 y que incluyan el plan de choque.
Romeva aseguró el día 22 que la propuesta de JxSí pretende priorizar la respuesta a las necesidades sociales de Cataluña, pero que algunas medidas no se pueden hacer con los Presupuestos prorrogados: "Están supeditadas a la disponibilidad de un nuevo Presupuesto que haga viable su aplicación".
El plan de choque a aplicar inmediatamente es sobre pobreza infantil, pobreza energética y emergencia habitacional y política de prevención de desahucios, para la que prevén aplicar un sistema parecido al de municipios como Badalona (Barcelona), y otra parte del plan está previsto implementarla en los 18 meses de transición a la independencia.
Parte de esa ampliación de 270 millones irá destinada a recuperar la renta mínima de inserción, cuyo presupuesto se debe ampliar para garantizar el 100% de la cobertura, lo que costará 70 millones; a las prestaciones económicas de personas dependientes -50 millones-, y a la previsión de plazas de guardería -15 millones-.
Salario mínimo y banco público
El documento prevé un nuevo salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, lo que lo ascendería a los 1.000 euros al mes, pero no especifica la partida para costearlo.
Prevén la reconversión del Institut Català de Finances en un Banco Público de desarrollo, "insertado en el entramado de apoyo institucional financiero europeo", para ayudar a las pymes y para abordar la inversión de grandes proyectos estratégicos.
En cuanto a sanidad, propone una moratoria en el Consorci Sanitari de Lleida -ente que pretende unificar la gestión sanitaria en la provincia- para garantizar que no podrá incorporar ninguna entidad privada en su actividad futura, tras la oposición generada por la Marea Blanca.
También propone reducir un 10% las listas de espera quirúrgicas y un 50% el tiempo medio de primera visita en el especialista sólo en centros públicos y sin externalizaciones, gracias a una inversión anual de 83,76 millones.
Se asegura el acceso a terapias médicas universales y gratuitas para los afectados de Hepatitis C, trasplantados y pacientes oncólogicos, así como personas en situación vulnerable, y un plan de rescate para afectados por fibromialgia, fatiga crónica y síndrome de sensibilidad química múltiple.
Además, se invertirán 5 millones en reducir la ratio de alumnos por aula en los barrios con más dificultades económicas, y se destinarían 15 para becas comedor.
BCN World queda en suspenso
El texto deja "en suspenso" el Plan Director Urbanístico (PDU) del macroproyecto BCN World y prevé un grupo de trabajo para una posible revisión del Plan de Govern JxSí-CUP, matizando que la vigencia de la suspensión del PDU se mantendrá hasta que haya acuerdo por consenso.
Un punto que queda en el aire es la titularidad pública de la gestión del agua en alta -donde se incluiría la empresa concesionaria Aigües Ter-Llobregat-, sobre la que el documento emplaza a tomar una decisión durante el proceso constituyente hacia la independencia, y sólo se compromete a "defender el modelo público de gestión".