El presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, ha enviado una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que le alerta de que el criterio de no someterse al control parlamentario "conculca su obligación" contenida en el artículo 26.2 de la ley que regula el funcionamiento del Ejecutivo. López podría llevar al Gobierno al Constitucional si no se somete a la sesión de control.
El propio López ha anunciado el envío de esa carta y en su texto, se reproduce la literalidad de ese artículo: "Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales".
López responde en esa carta al informe enviado la semana pasada por el Gobierno en la que justificaba su decisión de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, desoiga la petición de comparecencia formulada por la Comisión correspondiente para que informe sobre la última cumbre de la OTAN.
En el aire está también la petición de varios grupos para que el Gobierno consensúe la posición de España en el Consejo Europeo que tiene que ratificar el acuerdo de la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados, y la pretensión de convocar sesiones de control con preguntas e interpelaciones.
El argumento del Gobierno
El secretario de Relaciones con las Cortes en funciones, José Luis Ayllón, avanzó públicamente que el Gobierno mantiene su criterio de no someterse al control de un Parlamento con el que no existe "relación de confianza" puesto que no es el que le eligió.
Solo en las cuestiones que exceden la actividad administrativa ordinaria, como es el Consejo Europeo, dijo Ayllón, el Gobierno considera "razonable" contar con la "aquiescencia" del Parlamento, y por eso el secretario de Estado para la Unión Europea comparecerá en Comisión.
En la carta, López dice a la vicepresidenta que la función de control de la acción del Gobierno, reconocida en el artículo 66 de la Constitución, "existe aún estando el Gobierno en funciones respecto de aquellas cuestiones que son de su competencia", tal y como se señala en el informe de los servicios jurídicos del Congreso sometido a la Mesa el pasado 26 de enero.
Según López, los letrados de la cámara hacen una "interpretaciones de la Ley", pero no una lectura estricta de la misma, con lo que el presidente del Congreso podría plantearse llevar al TC al postura del Gobierno de Rajoy por tratarse de "un conflicto de atribuciones".
Le ruega por ello que "reconsidere su actitud y modifique su decisión" de negar la comparecencia de Morenés "así como a otros futuros requerimientos de la Cámara".
PSOE y Podemos lo apoyarían
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, adelantó este martes que están dispuestos a iniciar los trámites parlamentarios para que la Cámara acuda ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno no accede a someterse al control parlamentario.
Hernando, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, advirtió que desde este mismo jueves ya se podría presentar la iniciativa parlamentaria para que el Congreso recurra ante el TC en el caso de que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no acuda como está previsto a la Comisión de Defensa que lo ha requerido. "Ahí sabremos ya si el Gobierno está desobedeciendo y revelándose", agregó.
Pero, el portavoz socialista optó por esperar a la semana que viene antes de iniciar cualquier procedimiento por si el Gobierno cambia de parecer tras la carta remitida por el presidente del Congreso. Para Hernando, la actitud del Gobierno es "insólita" en una democracia porque se niega a comparecer ante las Cortes y, por tanto, se declara en "rebeldía".
El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido este martes la necesidad de que el Gobierno en funciones rinda cuentas de su actividad en el Parlamento, como ya pidió la semana pasada, y se ha mostrado a favor de que la Cámara Baja lleve al Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional si se niega a hacerlo. No obstante, ha matizado que no cree que sea "el mejor camino" judicializar esta cuestión.
"Estamos de acuerdo en ir al TC pero al mismo tiempo decimos que la judicialización de algunos asuntos políticos no siempre es el mejor camino para resolverlos. Más allá del dictamen jurídico, hay que exigirle al Gobierno y al PP que nos expliquen la cuestión política y esa es por qué no quieren comparecer", ha reclamado.
Entidades
Se convocarán Plenos
