Reclaman que Generalitat se retire como acusación en casos de luchas sociales

Barcelona, 24 may (EFE).- La coordinadora "Retirada Gene", que aglutina a diversas asociaciones antirrepresivas de Barcelona, Lleida y Tarragona, ha reclamado a la Generalitat que se retire como acusación en los casos de luchas sociales.

El portavoz de la Plataforma, Iván Fajarpo, ha denunciado "la beligerancia" de la Generalitat en contraste con la "permisibilidad" frente a los casos de abuso policial, como los de Ester Quintana o Juan André Benítez, y los de corrupción, como los casos Pujol o Millet.

Fajarpo ha alertado que la Generalitat sólo ha presentado acusación particular en los casos de protesta social, por lo que el portavoz ha denunciado que la administración catalana "ha declarado la guerra a las clases populares".

Es por ello por lo que este activista ha exigido la retirada de las acusaciones contra los manifestantes en las protestas contra la MAT, la línea eléctrica de muy alta tensión, en Can Vies o en las huelgas generales del 29 marzo y del 14 de noviembre del 2012.

También ha reclamado la retirada de la Generalitat como acusación particular contra los miembros de la campaña "Presó és tortura", y contra los participantes en la manifestación en la Universidad de Girona durante la visita de Artur Mas.

En este sentido, la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha recordado que su grupo parlamentario "lleva 8 meses exigiendo la retirada de los casos de lucha social".

Anna Gabriel ha añadido que en un momento político y social de "restricción de libertades" y de falta de democracia, "sólo queda la protesta como herramienta de dignidad".

A su juicio, es por ello por lo que la función de la CUP es "dar la voz a los militantes que ayudan a construir estructuras de estado que aseguran las libertades y un sistema social más justo".

Asimismo, la diputada de la CUP ha apoyado al teniente de alcalde barcelonés de Ciudadanía, Jaume Asens, quien supuestamente telefoneó a los abogados del guardia urbano que fue agredido por un mantero para que no pidieran pena de prisión para el mantero.

Al respecto, Gabriel ha señalado que cualquier persona del sector público que defienda el derecho a la manifestación y que proteja a las personas más vulnerables "está haciendo su trabajo".

Por su parte, la abogada y miembro del Centro de la Defensa de los Derechos Humanos Iridia Anaïs Franquesa ha resaltado que la Generalitat se personó como acusación en el caso de la huelga general del 29M, reacción que ha considerado "una perversión del significado de acusación popular".

Por otro lado, Franquesa ha denunciado que la Generalitat ha exigido 7 años y medio de prisión a cuatro manifestantes de Can Vies, y ha subrayado que el Ministerio Fiscal ha reclamado 1 año y medio para tres de los manifestantes y tres años y medio para el cuarto.

Frente a esta diferencia en las peticiones, la abogada ha denunciado que la actuación de la Generalitat ha sido "desproporcionada" y ha afirmado que ha actuado "bajo un criterio político".

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