La juez de instrucción María Núñez Bolaños tiene previsto concluir este martes las declaraciones de la pieza política de los cursos de formación financiados con fondos públicos, la que afecta a los exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Las últimas declaraciones programadas en este caso son las del ex interventor general de la Junta de Andalucía Adolfo García Fernández y de la interventora de la Junta en la provincia de Sevilla, Victoria López Gutiérrez, que comparecerán como testigos.
Además de las declaraciones de la pieza política, la juez ha citado como investigado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández pero para otra de las piezas, la relativa al entramado de empresas del exconsejero andaluz Ángel Ojeda, que recibió 33,3 millones de euros.
La comparecencia de Fernández estaba prevista el 10 de mayo y se aplazó, tras pedirlo el abogado del político, porque el 17 de mayo debía declarar en la comisión parlamentaria de los cursos.
En su comparecencia parlamentaria, Fernández sostuvo que el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta es un "bluf" generado por la "catarsis y nerviosismo" que se produjo en Andalucía y que afectó a los interventores a raíz del caso de los ERE.
Respecto a la pieza política de los cursos, los siete interventores provinciales que han declarado hasta ahora ante la juez han afirmado que detectaron irregularidades en el procedimiento de justificación de los cursos, algunas de ellas graves, pero descartaron que se hubieran cometido ilegalidades. También ha declarado como testigo en esta pieza Julio Coca Blanes, actual director gerente del Servicio Andaluz de Empleo.
En la macrocausa de los cursos de formación gestionados por la Junta de Andalucía, que está dividida en nueve piezas, se investiga desde 2014 un presunto delito de fraude de subvenciones.
Una de las piezas se refiere al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y cuatros sobre los consorcios Ciomijas, Formades, CTI y Forman. Otras tres son sobre entramados empresariales (uno del exconsejero Ángel Ojeda y otro de Rafael Velasco, ex vicesecretario general del PSOE-A) y una más sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE).
En marzo de 2015, la juez que entonces dirigía el juzgado, Mercedes Alaya, ordenó la detención de 16 políticos relacionados con los cursos de formación, todos los cuales quedaron en libertad con cargos tras declarar ante la instructora.
En la operación policial fueron detenidos nueve ex delegados provinciales de Empleo de Andalucía, cuatro ex directores generales y tres responsables de dos centros formativos públicos, uno de Mijas (Málaga) y otro de Almonte (Huelva).
En las imputaciones leídas a varios detenidos, la juez aseguró que existieron órdenes por parte de los superiores de la Consejería de Empleo para que sus subordinados no controlaran los cursos y beneficiaran electoralmente al PSOE.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a dos delegados de la Consejería de Empleo en activo, la de Sevilla, Aurora Cosano, y el de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fueron cesados ese mismo día.
El resto de políticos habían ocupado sus cargos con anterioridad y fueron detenidos en una operación en la que la juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones relacionados con las iniciativas formativas pagadas con fondos públicos.
La juez cifró en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados entre 2009 y 2013, y atribuyó esa actitud a la "desidia" o el "dolo" de responsables de la Junta de Andalucía.
