Madrid, 17 jun (EFE).- La primera sesión de la comisión que investigará la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid dedicada a investigar la venta de viviendas sociales a fondos de inversión ha arrancado hoy sin que vayan a comparecer en ella ninguna de las 11 personas que habían sido llamadas a declarar.
El secretario del pleno ha dado cuenta al inicio de la sesión de que tanto la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, como el resto de comparecientes han comunicado por teléfono o por escrito que no iban a asistir, a excepción del exdirector general de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) Pablo Olangua, que no ha respondido.
Junto a ellos, estaban llamados a declarar la exdelegada de Urbanismo y presidenta de la EMVS, Paz Valiente, además de los consejeros delegados de la empresa pública Fermín Oslé y Juan José de Gracia González, así como el director de los servicios jurídicos Rafael Requena y el interventor delegado Javier Tena Ruiz.
Tampoco han querido acudir los actuales concejales del PP Pablo Cavero y Borja Carabante, exconsejero y exviceconsejero de Transportes, respectivamente, ni la exconsejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid Ana Gomendio y su director general Juan Van Halen.
La sesión de hoy está dedicada a esclarecer las presuntas irregularidades en la venta en 2013 de 1.800 viviendas sociales a fondos de inversión, una operación cuestionada por el Tribunal de Cuentas.
La comisión investigará la deuda, las contrataciones y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid en las tres pasadas legislaturas -coincidiendo con los mandatos de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón- en un máximo de 28 sesiones de trabajo que concluirán en diciembre de 2018.
Presidida por la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, la comisión, constituida el pasado 1 de junio, está formada por cuatro representantes de Ahora Madrid, dos del PSOE y uno de Ciudadanos, ya que el PP renunció a nombrar a sus 4 vocales al considerar que es una "cacería" y una "causa general" contra su gestión.
La comisión investigará si han existido "malas prácticas" para "depurar responsabilidades políticas" y establecer mecanismos para evitarlas en empresas participadas como la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid, Madrid Destino e Ifema.
Además, investigará los contratos de la Caja Mágica, la M-30, el Centro Acuático, el Palacio de Cibeles, los relacionados con los casos Púnica-Gürtel, entre otros.
Todos los grupos políticos reprochan al PP que haya tratado de obstaculizar la puesta en marcha de ese organismo creado por mandato del Pleno del 30 de marzo -con el apoyo de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP- y le afean su actitud de tratar de ocultar lo sucedido bajo su gestión.
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