Política

El informe del Consejo de Estado al que se remiten PP y C's pedía delimitar competencias a CC.AA en la Constitución

Subrayaba que la "potestad de autoorganización" de las comunidades va más allá de la que se reconoce en Constituciones federales

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El informe del Consejo de Estado de 2006 que el PP y Ciudadanos toman como referencia para abrir la puerta a una posible reforma de la Constitución de 1978 abogaba por delimitar las competencias de las comunidades, que a su juicio son superiores a las de los Estados federales.

En una redacción más próxima a los postulados que en los últimos años viene defendiendo el PP, los dos partidos se comprometen a "estudiar la actualización del texto constitucional" y para ello se toma como referencia el informe de 2006 que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó al Consejo de Estado para una reforma limitada de la Carta Magna.

UN TEXTO MAGNÍFICO QUE APORTA CLAVES, DIJO RAJOY

Hace un año, Mariano Rajoy ya ensalzó este informe asegurando que se trata de un texto "magnífico" cuya lectura recomendaba porque contiene "claves".

En concreto, el Consejo de Estado que entonces presidía Francisco Rubio Llorente sostenía que el Gobierno debería aprovechar la reforma de la Constitución para delimitar las competencias del Estado "frente a los riesgos que genera la apertura del sistema".

Aquel texto indicaba que el modelo territorial español de comunidades autónomas, que les permite tanto impulsar la reforma de sus Estatutos para conseguir más competencias, como impedir que se le reduzcan, les otorga una "potestad de autoorganización", que va más allá de la "que las Constituciones federales reconocen a los Estados miembros para la reforma de sus propias Constituciones".

A su juicio, la "facultad de autodisposición de las Comunidades Autónomas" no es menor que las de los miembros de una Federación, "por la buena y simple razón que de los Estatutos de aquéllas tienen un alcance más amplio que el de las Constituciones de éstos, e inciden sobre relaciones que en las Federaciones están disciplinadas sólo por la Constitución Federal".

Para el Consejo, el hecho de no cerrar el sistema competencial español puede generar "riesgos de crisis", que se hacen más graves "cuanto más se acerca el ámbito competencial de las Comunidades al máximo admitido por la Constitución".

SI NO HAY TOPE, PUEDE HABER CRISIS

"En esta situación, cerca de la que nos encontramos ya --decía el órgano consultivo en 2006--, cualquier propuesta de reforma que pretenda ampliar las competencias de la comunidad respectiva puede dar lugar a acusaciones de que con ella se pretenden rozar o violentar, de manera deliberada o no, los límites constitucionales. Con ello, una cuestión estrictamente jurídica se lleva al debate político, con daño tanto para el Derecho como para la política".

Por esto motivo, el Consejo de Estado aconsejaba el "simple procedimiento de llevar a la Constitución todo el sistema de delimitación de competencias", subrayando que este procedimiento es el común en el derecho comparado.

Aclaraba, antes de que el 'Estatut' llegara al Congreso, que como bien muestra el ejemplo de la Constitución española, eso no implica la necesidad de una homogeneidad absoluta entre las distintas comunidades autónomas, mientras que, de otra parte, tampoco cierra a éstas la posibilidad de impulsar el cambio a través de la reforma constitucional, que todas tienen la facultad de proponer.

INDISOLUBLE UNIDAD DE LA SOBERANÍA NACIONAL

En cuanto al carácter de las comunidades, el Consejo de Estado mantenía el reconocimiento de la indisoluble unidad de la soberanía nacional y se inclinaba por "reconocer y garantizar la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, constituidas en CCAA, así como la solidaridad entre todas ellas".

La unidad de España es también uno de los topes que el PP y Ciudadanos ponen a la reforma constitucional y también dejan claro que no aceptarán que se ponga en cuestión el principio de la soberanía nacional, lo que excluye de plano referendos de autodeterminación.

El informe, tal y como le había solicitado el Gobierno socialista, también trataba asuntos como la reforma del Senado, la sucesión de la Corona y la integración de España en la Unión Europea.

En el caso del Senado, el Consejo explica que el Gobierno de Zapatero le pidió su opinión sobre una reforma de la composición y funciones del actual Senado, no sobre una cámara de naturaleza diferente como por ejemplo existe en el sistema alemán, el Bundesrat, muchas de cuyas competencias no encajan a su juicio con el sistema español.

REFORMAR EL SENADO DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN

Así, el órgano asesor plantea cambios para que el Senado cumpla con su definición constitucional de cámara de representación territorial, pero dentro de a labor legislativa que comparte con el Congreso en el sistema parlamentario bicameral que fija la Constitución.

El pacto de PP y Ciudadanos, en cambio, apuesta por un nuevo Senado más reducido y dirigido a llevar a cabo una serie de funciones de política territorial, ya no como segunda lectura.

Sobre la composición, el Consejo de Estado apunta que se puede reformar la elección de senadores de varias formas, que plantea y explica, con sus pros y contras y sin decantarse de forma cerrada por ninguna, aunque se inclina por mantener senadores que representen a las comunidades autónomas elegidos todos ellos por los ciudadanos en urna.

En cuanto al número, considera que debería establecerse un mínimo igual para todas las CCAA y un número añadido que corrija las diferencias de población según, por ejemplo y entre otros criterios, el número de de provincias o municipios que tienen cada una de ellas.

Respecto a las funciones, propone medidas para que la Cámara vea reforzado su papel legislativo frente al Congreso, por ejemplo, que sea de primera lectura en algunos asuntos como los temas territoriales y en el debate de medidas autonómicas.

Lo que rechaza el Consejo de Estado es sin embargo la posibilidad de que el Senado sea la sede de la Conferencia de Presidentes o el foro de encuentro y debate entre las comunidades y el Gobierno, porque entiende que ese lugar no es una cámara legislativa sino órganos intergubernamentales.

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