Política

Parecidos pero no iguales: éstas son las diferencias entre el pacto PP-C's y el PSOE-C's

Albert Rivera y Mariano Rajoy. Imagen: EFE.

"De las 150 medidas de este pacto, 100 están en el acuerdo con el PSOE". Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, subrayaba este domingo así los nexos entre 150 compromisos para mejorar España, el pacto de su partido con el PP de Mariano Rajoy, y Acuerdo para un Gobierno reformista y de Progreso, el documento con 200 medidas que suscribió con el socialista Pedro Sánchez el pasado 24 de febrero. Muy semejantes, sí, pero no iguales. 29.000 millones de gasto... si Bruselas quiere.

Los documentos firmados por la formación naranja con las dos fuerzas más votadas en las elecciones del 20D y del 26J tienen algunos parecidos y varias diferencias. En primer lugar, el pacto con Sánchez era de legislatura y gobierno, mientras que el de Rajoy es de investidura solo.

Además, aunque hay similitudes en temas como economía, fiscalidad y política laboral, se separan en temas como los derechos civiles y sociales, así como a la hora de abordar una reforma constitucional.  PP y C's condicionan la futura bajada tributaria al cumplimiento del déficit.

¿En qué se parecen?

El acuerdo incorpora un plan social de 28.500 millones de euros, que incluye un complemento a los sueldos bajos, un plan contra la pobreza infantil, la dación en pago y la igualación y ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Ambos también se comprometen a garantizar el copago farmacéutico y a frenar y revertir los recortes en Sanidad y Educación, así como a no subir los impuestos a las rentas del trabajo (y bajarlos cuando se pueda).

La reforma del impuesto de sociedades se refleja en ambos y también figura el compromiso de cumplimiento íntegro de la amnistía fiscal y la supresión del impuesto al autoconsumo energético.

Rivera no ha conseguido imponer su contrato único, pero sí ha pactado la simplificación de los tipos de contrato a tres, algo similar a lo que acordó con el PSOE (aunque con ellos fue a cuatro). Del mismo modo, también se incluye la 'mochila austriaca' y un fondo de capitalización para los trabajadores de cara a las pensiones.

En materia educativa, se paraliza el calendario de aplicación de la LOMCE (adiós a las revalidas), se baja el IVA cultural (con el PP solo para espectáculos en directo) y se incluye un plan de gratuidad de libros de texto y aumentan de plazas de cero a tres años.

Un Pacto de Estado contra la violencia de género, la revisión de la 'Ley Mordaza', devolver a Hacienda el control de las SICAV, prestar atención a los paraísos fiscales, presentar en un mes un nuevo modelo de financiación autonómica y la limitación del mandato de presidente a ocho años consecutivos son otras de las coincidencias entre ambos.

¿En qué se diferencian?

Pese a estas mimbres, ambos textos discrepan en otros puntos, como el Estatuto de los Trabajadores (que no se revisa para mitigar los efectos de la reforma laboral) o el ingreso mínimo vital (ya no será prestación no contributiva para familias sin ingresos) o la negociación colectiva (que desaparece por completo de estas páginas, mientras que en el pacto de 'El Abrazo' era importante).

Además, en el pacto Rajoy-Rivera no se deroga el artículo 135 de la Constitución ni se sube del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En esta misma línea, se rebaja el IRPF en dos puntos y se apuesta por la elección directa de alcaldes, dos aspectos no mentados en el texto con los socialistas

El pacto define que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y no por el Parlamento, mientras en el acuerdo con el PSOE reducía a 10 los vocales y deja la elección en las Cortes.

Sánchez y Rivera sí suprimían las Diputaciones. También se avanza menos hacia una reforma federalizante y se abre la puerta a un Senado de representación territorial, sin valorar tampoco la opción de suprimir la Cámara Alta. Aunque ambos se oponen a los referendos de independencia, la reforma de la Constitución les separa, ya que ahora queda muy limitada.

Por último, el nuevo documento ni prioriza una ley de Libertad Religiosa ni contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aunque sí contempla una reforma del régimen electoral.

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