Política

Exdiputado Daniel Ortiz niega amañara contrato cuando era alcalde de Móstoles

Madrid, 13 sep (EFE).- El exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz ha negado hoy haber amañado la concesión de un contrato de 73 millones a la multinacional Cofely -ligada a la trama Púnica- cuando era alcalde de Móstoles a cambio de una mordida de 746.000 euros y ha asegurado que se ajustó a la legalidad.

En su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, Ortiz ha asegurado que el contrato fue avalado por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y ha aportado documentación con la que pretende acreditar la legalidad de esta operación, han informado fuentes jurídicas.

Lo que sí ha admitido es que envió mensajes y whatsapp al concejal promotor del expediente de contratación, David Sánchez Rey, y lo ha justificado en la importancia de esta adjudicación, al tiempo que ha rechazado que lo hiciera para presionar en el sentido de que se le concediera a Cofely, tal y como sospecha el juez Velasco.

Según el juez, durante la tramitación del procedimiento, Ortiz puso en marcha "una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (...) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor".

Considera que Ortiz tuvo "ánimo de lucro personal" con estos "actos de corrupción" en el concurso de suministro energético de edificios municipales y centros educativos de Móstoles, licitado en diciembre de 2013 y adjudicado unos meses después a Cofely por importe de 73.143.434 euros en un periodo de 12 años.

Según el juez, Ortiz recabó información de los funcionarios de cómo estaba transcurriendo la licitación del contrato, para luego dársela a Cofely y que consiguiera puntuar más que sus competidoras, Fulton y Dalkia.

Las irregularidades, dice Velasco, se hicieron a cambio de mordidas "como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato", de un total de 746.000 euros en tres partidas de 240.000, 500.000 y 6.000 euros, que se repartieron supuestamente .

Tanto a la entrada como a su salida de la Audiencia Nacional, el exdiputado regional ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas que le aguardaban y ha abandonado a pie el tribunal en compañía de su abogado.

Velasco le llamó a declarar después de que la investigación que abrió sobre él en el marco del caso Púnica le fuera devuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando éste renunció a su cargo de diputado regional y con ello a su aforamiento.

También ha comparecido hoy como investigado el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, en relación a la presunta contratación de servicios de reputación online a la empresa del considerado conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro para mejorar la imagen de los presidentes de la Diputación de León con los que colaboró como jefe de gabinete, primero con la fallecida Isabel Carrasco y después con su sucesor Marcos Martínez, quien fue detenido cuando estalló este caso.

Sánchez, que ya declaró como testigo en esta causa en 2014, ha respondido a las preguntas de todas las partes presentes en la comparecencia, según fuentes presentes en la declaración.

El que se ha negado a declarar ante el juez ha sido Alejandro de Pedro, que había sido citado como representante de sus empresas de reputación online EDICO y Madiva.

También estaba citado hoy como testigo un funcionario que dijo tener pruebas contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al que la Guardia Civil cree responsable de fraude en la contratación pública por recurrir a los servicios de De Pedro para mejorar su reputación y ser elegido candidato del PP a las autonómicas de 2015.

Sin embargo, el presunto funcionario que le incriminó finalmente no ha comparecido al no poder ser localizado por haber dado supuestamente una identidad falsa.

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