Madrid, 11 oct (EFE).- La corrupción política volverá al pleno del próximo jueves en la Asamblea de Madrid de la mano de la oposición, con sendas proposiciones no de ley (PNL) del PSOE y de Ciudadanos y una pregunta de Podemos a la presidenta Cristina Cifuentes sobre la trama Gürtel y la financiación del Partido Popular.
Según el PSOE, los procedimientos por corrupción en 2015 aumentaron un 35,08% en la Administración pública madrileña respecto al año anterior, por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes o violación de secretos, de acuerdo con el informe del Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid.
El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, llevará una PNL pidiendo al Gobierno impulsar la celebración de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que "la Comunidad aporte medios personales extraordinarios" para apoyar la instrucción de causas complejas por corrupción.
"Nos preocupa que, a la hora de juzgar casos por corrupción, los juzgados y tribunales de la Comunidad a veces no tengan los medios necesarios" para garantizar una estructura jurídica suficiente para hacer "una labor eficiente y con celeridad", ha dicho en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.
Gabilondo ha añadido que llevó a la mesa de la Asamblea una pregunta a Cifuentes sobre "cómo valora que en 2015 aumentaran en la región los delitos de corrupción", pero la pregunta no ha sido admitida al considerar la mesa que no es competencia del gobierno regional.
A su juicio, hay que actuar "también políticamente" y con contundencia las causas de la corrupción, ya que hay "un corruptor, un corrompido y unos cauces y unos procedimientos" que lo han hecho posible, por lo que "hay que abordar los tres caminos" que han propiciado que "con toda naturalidad y durante años algunos hayan podido corromperse".
"Si no lo abordamos de raíz, no podremos garantizar a los ciudadanos que la regeneración ha tenido lugar", ha sentenciado.
Podemos preguntará a Cifuentes "cómo entiende que está afectando la trama Gürtel a la Comunidad de Madrid", ha anunciado su portavoz José Manuel López, que también se refirió a la información de El Mundo sobre los "powerpoints", tal cual "un curso de CCC", sobre "un sistema de corrupción que ha permitido los resultados electorales del PP".
López también ha subrayado que los macrojuicios que se celebran en San Fernando de Henares sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid y la trama Gürtel, han contribuido al endeudamiento regional y a la "financiación presuntamente irregular del PP".
Ciudadanos (C's) llevará una PNL para proteger al funcionario que denuncie la corrupción a través de una autoridad independiente, una de las iniciativas contenidas en la propuesta de Ley integral contra la corrupción que su partido ya ha presentado para su debate en el Congreso y que C's propone desarrollar a nivel autonómico, según Ignacio Aguado.
"Proteger al denunciante de corrupción dentro de la administración" es el objetivo de C's que ya llevó la iniciativa al debate sobre el estado de la región, donde el PP votó en contra y el PSOE se abstuvo, por lo que Aguado vuelve a la carga y que "expliquen por qué no lo apoyan".
Gabilondo ha dicho al respecto que en la legislación española los funcionarios ya están suficientemente protegidos contra cualquier acoso por haber denunciado, y el PSOE no ve necesidad de una protección especial adicional.
Este tipo de protección está contemplada por el Consejo de Europa, pero para países del Este europeo, según fuentes socialistas.
Para el PP, "cuando gobernaba Zapatero España suspendía en 15 criterios del grupo de trabajo del Consejo de Europa sobre corrupción (Greco), y ahora cumple once", ha dicho su portavoz Enrique Ossorio.
Sobre Gürtel, ha lamentado que los hechos que se juzgan "sucedieron hace diez años", y recordó que varios líderes populares, entre ellos Cifuentes y él mismo, han dicho repetidas veces que "se avergüenzan" de los casos de corrupción del PP.
Respecto a la PNL de C's, Ossorio considera "estupendo" que los funcionarios denuncien, pero que la normativa española "ya es muy garantista" a la hora de protegerlos, ya que pueden recurrir a la vía disciplinaria, tribunales de lo contencioso, vía penal, vía sindical, así como al Defensor del Pueblo.
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