La promesa de investidura de Mariano Rajoy de ofrecer diálogo a cambio de estabilidad no ha resistido ni los 100 primeros días de Gobierno. El líder del PP se declaraba entonces consciente "de que ninguno de los acuerdos será sencillo", pero Rajoy ha optado por aplicar el rodillo a la oposición, indignando a unos PSOE, Podemos y Ciudadanos que ya habían pasado a la ofensiva legislativa para debilitar al Ejecutivo en minoría.
Pese a tener solo 137 de los 350 diputados, el político gallego ha sacado su as de la manga: en virtud del artículo 134.6 de la Carta Magna y del 126 del reglamento del Congreso de los Diputados, el Gobierno puede vetar iniciativas de la oposición que afecten a los Presupuestos Generales. De esta forma, Rajoy ha tranquilizado a la Unión Europea, protegiendo las cuentas públicas, principal línea roja de su gabinete.
En lo que llevamos de la XII Legislatura, el Gobierno ya ha frenado 16 leyes de la oposición y de parlamentos autonómicos. Moncloa argumenta que sus tramitaciones supondrían 6.100 millones de euros de desviación directa, por lo que niega su visto bueno al debate ante hipotéticos efectos negativos sobre los presupuestos en curso o futuros.
Rajoy ya tuvo que defender esta estrategia en la segunda sesión de control en la Cámara Baja. "Si este Parlamento no puede adoptar decisiones que modifiquen el presupuesto se ve mermada su capacidad legislativa", se quejaba Pablo Iglesias, a lo que Rajoy respondió sin ambages y escudándose en la norma: el Ejecutivo solo va a ejecutar aquellas proposiciones de ley del Legislativo que "sea obligatorio aplicar".
Este mismo martes, la Mesa del Congreso (donde no tiene mayoría del PP) estudia cómo responder a la amenaza del Gobierno de plantear un conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional por no haber atendido varios vetos, como el de la paralización de la LOMCE o el de los trabajadores de subcontratas.
Los 16 noes del Ejecutivo
El Gobierno ha impulsado un veto cada tres días, en asuntos tan variopintos como educación o pensiones. Además de cuatro leyes de parlamentos autonómicos (País Vasco, Murcia, Galicia y Baleares), en la lista figuran la iniciativa de PSOE, UP, ERC, la antigua Convergencia y PNV para revalorizar las pensiones un 1,2%, dos proposiciones de ley contra la LOMCE y otras tres en favor de la supresión de las tasas judiciales.
Del mismo modo, estas negativas también han afectado a propuestas sociales del PSOE (derecho universal a la asistencia sanitaria, pobreza energética...) y de Ciudadanos (fomento autoconsumo eléctrico), entre otros.
Rajoy no había empleado esta herramienta nunca, ni cuando tenía mayoría absoluta. Hasta ahora, tal y como recuerda Cuarto Poder, las 115 proposiciones de ley vetadas fueron con gabinetes socialistas, la mayoría (93) en la segunda etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando empezaron los ajustes.
Plazos y un peligro real
Aunque el Ejecutivo tiene la prerrogativa del veto presupuestario, la Mesa mantiene su facultad de calificación, por lo que puede permitir que la tramitación avance aunque el Gobierno no esté conforme. Y eso es justamente lo que ha sucedido. Para salvar ese choque con un órgano que no puede dominar, el Ejecutivo ha presentado un recurso formal para que reconsidere su postura, un posible paso previo a la interposición de un conflicto de competencias en el Constitucional.
Este órgano tiene el informe de 30 páginas de los letrados -que aunque no ofrece instrucciones da pistas- y hasta el 21 de diciembre para responder, aunque en el PP ya dan por perdido alguno de los vetos (en el caso de la LOMCE, sin ir más lejos, ha sido el propio Ejecutivo quien ha aprobado un decreto ley para contra la 'ley Wert').
Moncloa asegura que el TC respaldará sus vetos, aunque hay un riesgo: abrir ese conflicto sí puede provocar perjuicios económicos al Estado. Sin embargo, la oposición no se rinde y ayer mismo el PSOE registraba una iniciativa pidiendo a la Mesa que rechace por injustificado y arbitrario el veto a la tramitación de la proposición de ley sobre las pensiones. La llamada a ser la legislatura del diálogo ha nacido con gran tensión entre ambos poderes: el pulso entre Ejecutivo y Legislativo va a marcar el devenir de la recién reestrenada Presidencia de Rajoy.
