Política

Homs admite que informó al Govern de que no era ilegal mantener el 9N tras la suspensión del Constitucional

  • Mantuvieron la consulta tras el veto del TC al no verla ilegal
  • Homs rechaza contestar sobre la carta que puede incriminar
  • Trias: "El Ayuntamiento se puso al servicio de la consulta"
Francesc Homs, a su llegada hoy al TSJC. Imagen: EFE

El diputado del PDeCAT en el Congreso y que era conseller de Presidencia de la Generalitat en la consulta del 9N, Francesc Homs, ha explicado este miércoles en el juicio del 9N que el Govern decidió mantener el proceso participativo, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras el veto del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre. La empresa de las urnas del 9N las entregó tras el veto del TC.

Al intervenir en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como testigo en el juicio al expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Homs ha recordado que el Consell Executiu de la Generalitat del 4 de noviembre abordó la suspensión y después él informó públicamente en nombre del Govern de que mantenían el proceso participativo: "Lo digo por las afirmaciones de que actuamos con falta de transparencia".

Esta ha sido una alusión velada a la postura de la Fiscalía, que considera que el Govern incumplió la providencia del TC simulando que lo dejaba en manos de los voluntarios cuando en realidad seguían ellos organizando la consulta.

Homs ha dicho que él era máximo responsable del Gabinete Jurídico de la Generalitat y quien configuraba la decisión final de los servicios jurídicos: tras tener conocimiento de la providencia del TC que suspendía la consulta, informó al Govern de que no estaban cometiendo "ninguna irregularidad, ilegalidad, y ninguna acción tipificada de manera penal".

"Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal", ha argumentado.

Así, ha afirmado que fue él quien tomó la decisión de que los servicios jurídicos interpusieran un recurso de súplica ante el TC con un otrosí pidiendo una aclaración de la providencia sobre cómo debían actuar.

Ha criticado que el Gobierno central presentara el 31 de octubre una impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, un conflicto positivo de competencia contra los actos preparativos de la consulta, porque obligaba al TC a adoptar una medida cautelar.

Por eso, la Generalitat también interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo para defender el ejercicio de derechos fundamentales, libertad de expresión, participación política y libertad ideológica contra el Gobierno central "por utilizar un vehículo procesal singular que generaba al TC la obligación de atender a una medida cautelar".

La carta incriminatoria

Por otro lado, Homs se ha negado a contestar las preguntas sobre la carta que le implica en la supuesta desobediencia al TC -podía no responder preguntas que le puedan incriminar, al estar investigado por estos hechos-.

Su condición especial de aforado por ser diputado del Congreso ha hecho que el ponente del tribunal, Jesús María Barrientos, le haya advertido antes de declarar que debe decir la verdad como todo testigo, pero en su caso no está obligado a contestar preguntas "que puedan comprometerle o incriminarle".

Homs se ha negado por consejo de su abogada a responder las preguntas del abogado de Mas y de Ortega -él era un testigo pedido por las defensas- que tenían alguna relación con esta carta que supuestamente le implica.

Es una carta de Homs de respuesta al presidente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), al que consultaba qué hacer después de que la empresa T-Systems -a quien se habían contratado labores informáticas para el 9N- le preguntase si la suspensión del TC afectaba a los trabajos que estaban haciendo y si debía pararlos.

Según la Fiscalía, Homs "legitimó e impulsó" los trabajos señalando que no estaban afectados por el veto del TC, y además puso a disposición del CTTI los servicios jurídicos de su departamento por si debían emprender acciones legales si T-Systems se negaba a continuar los trabajos.

La condición especial del ahora diputado al estar investigado por el TS ha hecho que el fiscal Emilio Sánchez Ulled haya dicho que no le iba a hacer ninguna pregunta por respeto a su situación procesal especial, ante lo que Homs ha contestado: "!Qué lástima!".

Trias y otros testigos

Por otra parte, el que fuera alcalde de Barcelona durante la consulta del 9N, Xavier Trias, ha asegurado en su declaración en el juicio como testigo de las defensas que al conocer los planes de realizar un proceso participativo se puso "al servicio de su buen funcionamiento", aunque jamás tuvo "ni la más remota idea" de cómo se organizó la jornada en cada una de las escuelas que participaron en su celebración.

En su calidad de alcalde, Trias tenía la responsabilidad de algunas de las escuelas que albergaron las votaciones porque eran de titularidad municipal, pero no sabía nada de su organización, que corrió a cargo de voluntarios. "Yo, como alcalde, di la directriz de ponernos a disposición de lo que fuera necesario para la consulta, pero cómo se lo montó cada uno no tengo ni la más remota idea", ha explicado.

Ha reconocido que el Ayuntamiento de Barcelona se puso "al servicio del buen funcionamiento" del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 y que desde esta institución se instó a los colegios a ponerse a disposición del proyecto, pero ha puntualizado que la decisión final de abrir las puertas o no residía en los directores de los centros.

Previamente ha declarado Joan Rigol, excoordinador del Pacto por el Derecho a Decidir y expresidente del Parlament, que ha asegurado en todo momento que fueron los más de 40.000 voluntarios los que se encargaron de organizar la consulta y vigilar su buen desarrollo.

Por su parte, el alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, ha indicado que recibió muchas demandas de ayuntamientos catalanes para usar locales de la organización que preside el día de la votación, ya que no había institutos en todas las poblaciones.

Buch ha dicho que en ningún momento recibió ninguna notificación de que tenía que dejar de organizar la consulta en sus locales, después de la suspensión del Tribunal Constitucional. Como presidente de la ACM, ha remarcado, recibió una carta de la Delegación del Gobierno en la que tampoco había ningún requerimiento, sino que se trataba de recomendaciones en relación a la conveniencia de no ceder espacios para la consulta.

A su vez, el expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, ha subrayado, también en calidad de testigo, que la suspensión del Tribunal Constitucional sobre el 9N era "genérica", por lo que ha dicho que insistió al Govern que pidiera una clarificación y que no abortara el proceso participativo.

Pi-Sunyer, actualmente presidente del Instituto de Estudios del Autogobierno de la Generalitat, lideraba en 2014 el Consejo Asesor para la Transición Nacional, un órgano de expertos en diferentes materias que asesoraba al Govern en el proceso soberanista.

El jurista ha explicado que se celebró un encuentro, que "debía ser el día 4" de noviembre, aunque no lo recuerda con precisión, que reunió a profesores de varias disciplinas, de las que tampoco ha precisado nombres, y en la que pidió al Govern que reclamara una clarificación sobre la suspensión que el TC acababa de acordar.

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