Lo de Murcia se complica. El Tribunal Superior de Justicia de aquella región ha citado al presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez a declarar el próximo 6 de marzo por el llamado 'caso Auditorio'. Lo que el juez investiga son las supuestas irregularidades en que pudo incurrir en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un Auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de ese municipio. En realidad un asunto menor si se le compara con los grandes escándalos de corrupción que han venido enfangado la política nacional. Para el señalado, en el peor de los casos, no tendría ni de lejos las consecuencias penales que esas otras causas depuraron. Lo que se investiga es una posible prevaricación administrativa, y, como el propio presidente regional recuerda con machacona insistencia, "el dinero está ahí", el no se lo ha llevado.
Este pequeño asunto sin embargo lleva camino de desatar una colosal crisis política que amenaza con costarle el cargo. Ciudadanos se ha plantado en su exigencia de que Pedro Antonio Sánchez cumpla lo que firmó en el pacto que le permitió mantener al PP el gobierno murciano. Quizá en su afán de no poner en riesgo el poder regional que ostentan allí desde hace décadas se precipitaron aceptando las exigencias de los diputados naranjas. Puede incluso que no supieran hacer valer la autoridad que les otorgaba el hecho de quedarse a tan solo 900 votos de la mayoría absoluta. Lo cierto es que estamparon su firma en un documento en que, bajo el pomposo epígrafe de "Acuerdo para la gobernabilidad y la regeneración democrática", asumían el compromiso de "separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".
El gobierno murciano ha desplegado estos días a sus portavoces mas locuaces para defender el "donde dije digo, digo Diego" con el que pretenden ablandar la tozudez de la letra impresa que firmaron. Con gran tenacidad se esfuerzan en demostrar que la imputación de Sánchez en el 'caso Auditorio' no responde a los supuestos que trataba de conjurar el acuerdo con Ciudadanos. En ese empeño alguno de ellos llegó a afirmar que, el asunto en cuestión, era de carácter administrativo y no penal cuando es obvio que el juzgado que lo tramita es penal y no del contencioso administrativo. Al final, y mientras los líderes nacionales y regionales de Ciudadanos exigían la cabeza de Sánchez, en cumplimiento del compromiso con ellos contraído, la portavoz del gobierno Noelia Arroyo negaba la mayor y movía la línea roja para la dimisión situándola en la apertura del juicio oral.
Que el acuerdo al que llegó el PP con la formación naranja en materia de corrupción era demasiado estricto es incuestionable. Apartar de inmediato de un cargo publico a alguien por el mero hecho de ser investigado es un exceso cuyos estragos son difíciles de corregir si después la imputación ni siquiera prospera. Sería en efecto mas razonable esperar a la apertura juicio oral como propone la portavoz del ejecutivo de Murcia y demanda la dirección nacional del PP. Lo sería de no estar de por medio la letra de un acuerdo que el presidente murciano no se limitó a suscribir sino que manifestó su firme disposición de cumplir jactándose públicamente de que era un hombre de palabra.
Por encima del proceso judicial en el que está incurso lo que ahora está en juego, es precisamente su palabra. Y en política, como en cualquier aspecto de la vida, un hombre vale lo que vale su palabra. Algo que debería saber también su jefe de filas Mariano Rajoy que hace llamamientos a la prudencia, argumentando que Pedro Antonio Sánchez afrontó anteriormente 16 denuncias que fueron archivadas. Lo hace elevando el tiro y reclamando la presunción de inocencia con un cierto tono de victimismo por el supuesto acoso que sufren los miembros de su partido. Una consigna que se airea en algunos foros mediáticos sacando a colación el nombre de
Rita Barberá y olvidando que a la ex alcaldesa valenciana la echaron ellos del partido por estar imputada para luego echarle la culpa al acoso periodístico de su fatal desenlace,
Quiso la casualidad que, mientras Rajoy reclamaba mesura, como si el PP nada tuviera que hacerse mirar, le viniera a contrariar una noticia que saltó en un juzgado de Madrid. El 99 de primera instancia desestimaba la demanda que su buen amigo José Manuel Soria había interpuesto contra dos periodistas que informaron que el ex Ministro de Industria no pagó por alojarse en una suite de lujo en un hotel de República Dominicana. Esa sentencia acredita la evidencia de que fue invitado por los propietarios del Grupo Martinón. Es decir que, cuando Soria se hartaba de proclamar que él pagó esa factura, no estaba diciendo la verdad. Que el máximo responsable del Turismo en España reciba este tipo de gabelas no resulta muy ético pero tampoco delictivo. Lo peor es la mentira y que la palabra dada no valga nada. Y eso vale para un miembro del gobierno, por muy amigo que sea del presidente, que para un señor de Murcia.
