Madrid, 26 ene (EFE).- El Gobierno ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat y en contra del criterio del Consejo de Estado de hacerlo ahora, al considerar que su obligación es impedirla con todos los instrumentos legales.
La reunión del Consejo de Ministros que ha presidido Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa le ha autorizado a presentar ese recurso, y ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha explicado los motivos por los que se ha ratificado en esa decisión anunciada ayer.
El Ejecutivo, según ha explicado, sigue adelante con su recurso a la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, "con todo respeto al Consejo de Estado" pero con el máximo compromiso en defensa del Estado de derecho.
"Como Gobierno, tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien huido voluntariamente de la Justicia pueda de forma ilegítima ser investido", ha subrayado antes de insistir en que creen contar con argumentos legales suficientes para evitar "una nueva afrenta a los catalanes".
Ante la pregunta de qué ha cambiado para que el Gobierno haya decidido recurrir la propuesta de Torrent cuando había avanzado que no actuaría ante el TC hasta que hubiera un acto administrativo claro, ha recordado el viaje del presidente del Parlament a Bruselas para evacuar consultas con Puigdemont.
También ha señalado que Torrent se reunió ayer con representantes de los partidos del Parlament y no atendió sus requerimientos de aclarar cómo iba a desarrollarse todo el proceso.
Por eso ha explicado que el recurso del Gobierno, además de defender el respeto de la legalidad, se presenta por respeto a los derechos de los diputados.
Ha insistido Sáenz de Santamaría en que la situación de Puigdemont, contra quien hay una orden de busca y captura, le impide ser president, y, por ello, aunque ha recalcado que el informe del Consejo de Estado sólo pone en cuestión el momento de recurrir al Tribunal Constitucional, asume el compromiso de evitar que el expresident siga con su "desafío".
Esa cree que es la "obligación legal" del Gobierno, algo que cree que ocurrirá si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, ya que se suspendería de forma automática la propuesta de Torrent para que Puigdemont sea investido.
"A nosotros nos toca gobernar, y gobernar es elegir y decidir", ha añadido Sáenz de Santamaría, quien ha informado de que el Gobierno ha estado en contacto con otros partidos, como el PSOE, y han apoyado seguir adelante con el recurso para evitar la investidura de Puigdemont prevista para el martes.
La vicepresidenta ha llamado la atención sobre el hecho de que todo lo que se está viviendo en relación con Cataluña son situaciones novedosas y el Gobierno está actuando siempre en defensa de la legalidad.
Sáenz de Santamaría ha remitido a Torrent y a la Mesa del Parlament para que interpreten si el plazo de dos meses antes de convocar nuevas elecciones empezaría a correr desde el 31 de enero aunque no hubiera una votación de investidura.
Pero ha recordado al presidente del Parlament que tiene muchos diputados entre los que elegir a un candidato que no se encuentre en situación de busca y captura.
Ante la hipótesis de que Torrent propusiera al líder de ERC, Oriol Junqueras, ha recordado que uno de los dos informes que hizo ayer el Consejo de Estado considera que es necesaria la presencia ante el Parlament de quien pretenda ser investido.
Y a renglón seguido ha precisado que las decisiones sobre las personas que, como Junqueras, se encuentran en prisión, corresponde a los jueces.
Fuentes del Gobierno han insistido tras la decisión de presentar el recurso al TC que el Ejecutivo no puede "lavarse las manos" ante lo que está ocurriendo y debe actuar para impedir una investidura como la que se pretende.
Existe el convencimiento de que el TC aceptará el recurso y esa investidura quedará abortada.
Si no fuera así, el Gobierno presentaría otro recurso al Tribunal Constitucional cuando el pleno de investidura ya haya sido un hecho, con tiempo suficiente aún, según estas fuentes, para paralizar que el Rey firmara el correspondiente decreto y la toma de posesión de Puigdemont.
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