Barcelona, 24 abr (EFE).- El Gobierno tendrá en sus manos la capacidad para frenar la reforma impulsada por JxCat para permitir una investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, según apuntan fuentes soberanistas, que recuerdan que en aplicación del artículo 155 corresponde al Ejecutivo promulgar la ley.
El artículo 65 del Estatut establece que las leyes de Cataluña son promulgadas por el presidente de la Generalitat, que ordena su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) "dentro del plazo de 15 días desde su aprobación" y aclara que, "al efecto de su entrada en vigor, rige la fecha de publicación en el DOGC".
En ausencia de un presidente de la Generalitat, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, este trámite, según las fuentes consultadas, correspondería al Gobierno central, con lo que tendría el control del calendario dentro de estos 15 días de margen.
Un calendario que, además, viene condicionado por la fecha límite del 22 de mayo para investir a un president, antes de que venza ese plazo y sean convocadas nuevas elecciones automáticamente.
La reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat está pendiente ahora del dictamen -no vinculante- que debe emitir antes de este viernes el Consejo de Garantías Estatutarias y de las posibles enmiendas subsiguientes que presenten los grupos.
JxCat se plantea llevar la modificación de la ley al pleno del Parlament del próximo 3 de mayo si ese día el texto ha culminado los trámites aún pendientes.
Cuando la reforma se lleve a votación en lectura única al plenario, la mayoría independentista que conforman JxCat, ERC y CUP podrá aprobarla, aunque fuentes parlamentarias consultadas por Efe han puntualizado que no será posible proceder inmediatamente después a investir a Puigdemont porque la ley aún no estará en vigor.
Fuentes soberanistas recuerdan asimismo que el Gobierno del Estado puede recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional la reforma de la ley de la presidencia, que podría quedar suspendida automáticamente, lo que impediría en cualquier caso investir a Puigdemont antes del 22 de mayo. EFE
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