Política

Colau quiere que el Estado aporte 150 millones anuales al transporte metropolitano

Barcelona, 26 jun (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide un incremento de la aportación estatal al sistema de transporte público metropolitano de Barcelona hasta los 150 millones anuales y recuperar la aportación originaria de 15 millones de euros anuales a la capitalidad cultural de Barcelona.

Estas son dos de las demandas cuantificadas económicamente que recoge la propuesta de la agenda de los temas principales a resolver entre el gobierno municipal y el gobierno del Estado y entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña que el gobierno Colau quiere que el pleno apruebe el próximo viernes en una sesión extraordinaria.

El gobierno municipal ha presentado hoy en la Junta de Portavoces un texto inicial abierto para el debate de este plenario extraordinario con la disposición a conversar y negociar con los grupos de la oposición para llegar a un acuerdo, según han indicado fuentes municipales.

En ambas agendas, los primeros temas a resolver están relacionados con la vivienda.

Así, el primero de los temas a resolver con el Estado que incluye la propuesta de acuerdo de Colau es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el primero a negociar con la Generalitat está encaminado a impulsar un nuevo Plan por el derecho a la vivienda en Cataluña.

El segundo tema prioritario a negociar con el Estado es el incremento de la aportación estatal al sistema de transporte público metropolitano de Barcelona hasta 150 millones anuales y el tercero, la creación de una Oficina Técnica Social en Barcelona y el aumento de la plantilla de las Oficinas de Atención a Refugiados para acortar los plazos en que las personas refugiadas son atendidas por el Estado.

En relación a las infraestructuras que son competencia del Estado, la agenda incluye las obras de La Sagrera, la estación de Sant Andreu Comtal, la estación de Sants y la creación de un grupo de Trabajo Estado-Ayuntamiento para hacer operativa la definición viaria de la Ronda del Litoral-Morrot.

En el ámbito cultura, Colau propone pedir al Estado recuperar la aportación originaria de 15 millones de euros anuales, a través del convenio de capitalidad cultural recogido en la carta municipal; resolver definitivamente el conflicto derivado de la petición de compensación por parte del Ministerio de Hacienda a entidades culturales, de investigación y medios de comunicación públicos, incluyendo el período anterior a la vigencia de la ley actual y activar la construcción de la Biblioteca Central Urbana.

En relación con la financiación de los gobiernos locales, se propone iniciar el camino para acercarse progresivamente a la gestión de un 25% de los recursos públicos del Estado, con, entre otras medidas, la cesión efectiva de tributos (IRPF e IVA), la modificación del Impuesto de Plusvalías con una nueva fórmula que respete la especificidad de Barcelona y disponer de autonomía para la fijación de bonificaciones en el IBI, especialmente en cuanto a bonificaciones relacionadas con el nivel de renta.

También quiere plantear al Estado ampliar la participación del Ayuntamiento de Barcelona en todas aquellas infraestructuras y plataformas que dependen del Estado en el área del delta del Llobregat, reforzar el papel del ayuntamiento en el Puerto de Barcelona, incorporar al gobierno municipal en la gestión del aeropuerto del Prat, modificar los estatutos del Consorcio de la Zona Franca para que se convierta en un instrumento de gestión realmente compartido entre ambas administraciones y resolver la desafectación de la Zona marítima-terrestre.

En relación a la lucha contra la desigualdad social, pide al Estado incrementar la partida de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y crear un fondo para los municipios para las políticas de cuidado y autonomía, dotar de financiación a la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar y recuperar el fondo económico para la financiación de la educación infantil 0-3 y Plan Educa3.

Además, para "reconducir el conflicto" entre Cataluña y España, propone la convocatoria inmediata de la Comisión de Colaboración Interadministrativa, integrada por representantes del Estado, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

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