Política

El PP quiere que el Congreso obligue a Sánchez a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en septiembre

El PP quiere que el Pleno del Congreso inste al Gobierno socialista de Pedro Sánchez a presentar a finales de septiembre, junto con los Presupuestos Generales de 2019, un nuevo modelo de financiación autonómica.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Así figura en la moción que el Grupo Popular ha registrado este jueves en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press. La iniciativa se votará en una próxima sesión plenaria ordinaria de la Cámara, previsiblemente a principios de septiembre.

En concreto, se insta al Gobierno a "presentar, coincidiendo con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, un nuevo modelo de financiación autonómica y local que garantice el acceso de todos los españoles a servicios públicos equivalentes con independencia del territorio en el que viven".

Aunque en el texto no pone fecha, la presentación del proyecto de Presupuestos Generales, según establece la Constitución, debe hacerse antes del 30 de septiembre del año anterior.

En la iniciativa, consecuencia de la interpelación que el PP dirigió este miércoles a ala ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se recuerda que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) fue aprobada en 2009 con el Gobierno del PSOE, no se cambió cuando tocaba por la caída de la recaudación tributaria durante la crisis, pero que ahora ya se debe hacer.

RAJOY YA EMPEZÓ A PREPARARLO

De hecho, asegura que "en 2017, una vez recuperados los niveles de ingresos previos a la crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy dio todos los pasos necesarios para avanzar hacia un nuevo modelo de financiación que contara con el máximo consenso posible, tanto entre la Administración Generales del Estado y las comunidades autónomas, como entre los diferentes partidos políticos".

Por el momento, el nuevo Gobierno socialista ha renunciado a la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque está dispuestos a negociar ajustes con las comunidades autónomas que se consideren perjudicadas.

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