El juez solicita documentación al Ayuntamiento de Vitoria en el marco de la 'Operación Enredadera'

Un juzgado Badalona investiga un presunto caso de adjudicaciones irregulares en contratos públicos de 40 municipios

VITORIA, 3 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha requerido al Ayuntamiento de Vitoria varios expedientes administrativos en el marco de la 'Operación Enredadera', en la que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares en contratos públicos realizados en 40 municipios del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que los hechos investigados están relacionados con posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado, a través de un comunicado, que en el marco de las diligencias previas que se están llevando a cabo en relación a la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, se le han solicitado copias de varios expedientes administrativos.

El Consistorio vitoriano, gobernado por el PNV y el PSE-EE, ha asegurado que en cuanto ha tenido conocimiento del requerimiento, ha puesto a disposición de la Policía Judicial "toda la información solicitada", de la que se ha facilitado copia compulsada.

El alcalde, Gorka Urtaran, ha convocado a los grupos políticos municipales para las seis de la tarde, con el fin de informarles sobre el requerimiento dictado por la Fiscalía y para mostrarles su "disposición" a facilitar toda la información que se le solicite.

"TRANSPARENCIA Y DISCRECIÓN"

El Gobierno municipal ha mostrado su "máxima voluntad de colaboración" con la Justicia, y ha asegurado que actuará "con la transparencia debida" y, dado que las actuaciones judiciales permanecen bajo secreto, "con la discreción necesaria para que la investigación se desarrolle de forma eficaz".

La teniente de alcalde de Vitoria, Itziar Gonzalo, en declaraciones a Radio Vitoria recogidas por Europa Press, ha pedido "prudencia" y ha expresado la disposición del Consistorio a "la colaboración más absoluta" para esclarecer lo ocurrido.

"Queremos trasladar tranquilidad porque las decisiones que se toman se adoptan fundadas en base a informes técnicos. Entiendo que esos informes y valoraciones estarán correctamente realizadas", ha indicado.

Al frente de la investigación por el 'Caso Enredadera' se encuentran la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, empresas y domicilios particulares del Estado para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr, integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local".

Fuentes de la investigación han informado de que la investigación, en la que participan 580 policías, se centra en los contratos presuntamente irregulares para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

El juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Este mismo juzgado, según la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios entre los que se encuentra Vitoria junto a Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove y Sant Vicent del Raspeig.

"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedin