Política

Barcelona ordena cerrar 4.148 pisos turísticos en 2 años y pone 5.503 multas

Barcelona, 5 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado cerrar desde 2016 un total de 4.148 pisos turísticos ilegales -de los cuales ha comprobado que 2.355 ya no operan-, ha impuesto 5.503 sanciones y ha inspeccionado 81 edificios enteros, 21 residencias de estudiantes y 61 pensiones turísticas que incumplían su licencia.

Así lo ha anunciado hoy la teniente de Urbanismo de la ciudad, Janet Sanz, en una rueda de prensa en el consistorio barcelonés, en la que ha indicado que el gobierno municipal ha comprobado que, de las 4.148 órdenes de cierre, 2.129 apartamentos turísticos no han vuelto a operar siguiendo las órdenes del ayuntamiento, mientras que 226 han debido ser precintados.

Estos datos señalan que el 90 % de los pisos turísticos cerrados que se han inspeccionado a posteriori han cumplido con lo instado por el consistorio, mientras que un 6 % ha reincidido en su infracción y un 4 % sigue bajo sospecha, unos números que, según Sanz, demuestran la "eficacia" del equipo gubernamental.

La teniente de Urbanismo ha comunicado que entre 2016 y 2018 se han abierto 10.635 expedientes y se han impuesto cinco veces más sanciones que en el bienio 2014-2016 -cuando la ciudad la gobernaba el exalcalde Xavier Trias-; asimismo, las órdenes de cese de la actividad se han sextuplicado.

Entre estos 10.635 expedientes iniciados, predominan los que se han abierto en los distritos de l'Eixample (3.193) y Ciutat Vella (2920), seguidos por Sant Martí (1.220), Sants-Montjuïc (1.042) y Gràcia (939).

Asimismo, el consistorio ha detectado once "multiinfractores" que gestionan 86 apartamentos distintos, que han publicado 208 anuncios en distintas plataformas y que tienen 170 procedimientos disciplinarios finalizados o en curso.

Sanz ha celebrado que el consistorio haya puesto fin, a su juicio, a "una situación de barra libre y de impunidad respecto a una normativa muy clara".

"Hemos puesto control a la oferta ilegal y estamos mucho más cerca que nunca de que el contador esté a cero", ha aseverado, aunque ha advertido de que su equipo de gobierno "no bajará la guardia" y será "exigente y contundente".

Ha añadido que el objetivo es que se respete "el día a día de los vecinos", por lo que es necesario "el compromiso de todo el mundo".

Sanz ha destacado que el consistorio cuenta con más de cien personas destinadas a la inspección y detección de pisos ilegales, y ha recordado que las multas son de entre 60.000 y 600.000 euros para los titulares de vivienda sin licencia turística y de entre 30.000 y 600.000 para las plataformas que publican anuncios ilegales.

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