Política

Ankara planea mantener las restricciones del estado de emergencia con una nueva ley

Ankara, 17 jul (EFE).- El Gobierno turco proyecta introducir una nueva ley para que "la lucha contra el terrorismo no se interrumpa" tras el levantamiento mañana del estado de emergencia que ha estado vigente en los últimos dos años, informó la emisora CNNTürk.

El gabinete liderado por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, y surgido tras las elecciones del pasado 24 de junio, presentó hoy en el Parlamento el proyecto de la nueva ley antiterrorista.

El documento, criticado por la oposición por considerar que de hecho reemplaza el estado de excepción impuesto tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, amplia el abanico de motivos por los que se pueden prohibir manifestaciones y facilitar el despido de funcionarios de sus puestos de trabajo.

Asimismo, prevé dotar de más competencias a los gobernadores locales, que podrán limitar la entrada y salida de personas a las provincias cuando sean consideradas sospechosas de "perturbar el orden público".

Otra de las disposiciones previstas es la ampliación del periodo en el que la policía puede mantener detenida a una persona para ser interrogada antes de ser llevada ante el juez.

De aprobarse el plan, la Organización Nacional de Inteligencia (MIT, en sus siglas en turco) será excluida de la ley de derecho a la información, con lo que no será posible obtener datos sobre sus actividades.

Para Bülent Tezcan, vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la mayor formación opositora, el proyecto es una herramienta para convertir de hecho en "permanente" el estado de excepción.

"Nosotros llamamos a esto estado de emergencia permanente. Mientras el Gobierno dice que levantará el actual estado de emergencia, en realidad pretende convertirlo en algo permanente, bajo la excusa de la lucha contra el terror. Luchar contra el terrorismo no puede justificar la ilegalidad", declaró Tezcan.

Por su parte, el ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, justificó el proyecto con el objetivo, entre otros, de proseguir su "batalla" contra la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza de la asonada.

Durante los dos años que ha durado el estado de emergencia, decenas de miles de personas, entre ellos funcionarios, académicos, miembros del Ejército y trabajadores del sector privado, fueron arrestados y encarcelados por tener presuntamente vínculos con la red de seguidores del predicador que reside en Estados Unidos.

Unos 130.000 funcionarios fueron despedidos de sus puestos de trabajo, mientras que 99 alcaldes elegidos democráticamente -de ellos, 94 kurdos- fueron arrestados y sustituidos "a dedo" por personas afines al Gobierno.

Además, centenares de medios de comunicación fueron prohibidos y más de 5.700 académicos expulsados de las universidades donde trabajaban por estar supuestamente vinculados a organizaciones terroristas.

Se espera que el proyecto de ley presentado sea aprobado en el Parlamento en un plazo de dos semanas, con el apoyo del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, y el nacionalista MHP, su aliado en las elecciones generales de junio pasado.

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