Política

Montero: nadie puede interferir en la potestad del Gobierno de presentar los PGE

Madrid, 17 oct (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el Gobierno tiene "potestad exclusiva" para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que "no puede haber ningún elemento que impida que esa capacidad se interfiera".

Montero ha declarado a la prensa en el Congreso que el Ejecutivo ha cumplido con la legalidad, ya que ha presentado unos Presupuestos y ha informado en el Parlamento del límite de gasto no financiero, o techo de gasto, que -ha apuntado- no tiene que ser votado ni aprobado.

Ha recalcado que además el Gobierno ha cumplido al someter a votación una senda de estabilidad trianual, que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria no impide presentar los Presupuestos aunque ésta sea rechazada.

Montero ha recordado que la Abogacía del Estado señala que en caso de que los objetivos de déficit no sean aprobados entran en vigor los vigentes, es decir, los antiguos aprobados por el gobierno del PP y que marcan una meta de déficit público del 1,3 % del PIB para 2019.

Esta senda que va de 2018 a 2020 es la que acompañará al proyecto de Presupuestos que prevé presentar el Gobierno en el Parlamento tras el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Sin embargo el PP ha advertido al Gobierno de que la Mesa del Congreso podría bloquear los Presupuestos durante su calificación, ya que considera que los objetivos de déficit deben ser votados anualmente.

Alude a que los presentados en 2019 propuestos por el Ejecutivo socialista y más flexibles fueron rechazados, y que el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 reafirma la necesidad de aprobar los objetivos por el Consejo de Ministros en el primer semestre de cada año, por lo que entienden como revisión del objetivo trianual, al tiempo que debe aprobarlo también el Congreso y el Senado.

El artículo 15 de la Ley de Estabilidad señala exactamente que "en el primer semestre de cada año el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria".

Montero no ha considerado necesario tener que volver a votar las metas de déficit del PP, y ha señalado que "la senda se aprueba para tres años y se entiende que no para cada año se tiene que modificar. La legislación tiene también previsto que incluso se pueda rechazar".

"Solo se plantearía un problema si tres años consecutivos se rechaza una senda, ya que a partir de 2021 no hay fijados objetivos de estabilidad", ha recordado.

Asimismo, ha advertido de la potestad "exclusiva" que tiene cada gobierno para presentar unos Presupuestos.

"Siendo así no puede haber ningún elemento que impida que esa capacidad se interfiera", ha dicho.

Por otra parte, la ministra ha vuelto a confiar en que la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que sortea el veto del Senado a la senda de consolidación y que permitiría aprobar unos objetivos más flexibles pueda aprobarse en el primer trimestre del año.

En este caso, los Presupuestos gozarían de unos nuevos objetivos más flexibles, con un déficit público del 1,8 % del PIB para 2019 y del 1,1 % para 2020, que es la actual senda que contempla el borrador presupuestario enviado a Bruselas.

De hecho ha argumentado que en alguna ocasión ha ocurrido que incluso comenzado un ejercicio presupuestario y cuando las Comunidades Autónomas han hecho sus presupuestos, posteriormente han tenido más margen de gasto al acordarse un nuevo marco de consolidación fiscal con Bruselas.

En caso de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no fuera modificada ni en el primer trimestre ni a lo largo de 2019, Montero ha reiterado que el Gobierno tendría que ajustar "muy poco" el techo de gasto presentado, que es un 4,4 % superior al de 2018, ya que sólo afecta a unos 1.200 millones de euros.

No obstante, no ha detallado qué mecanismo utilizaría Hacienda para realizar este ajuste.

WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin