La Asamblea contará con una comisión de investigación de universidades

Madrid, 12 nov (EFE).- La Mesa de la Asamblea de Madrid ha dado hoy el visto bueno a la creación de una comisión de investigación solicitada por los tres grupos de la oposición para analizar aquellas universidades públicas madrileñas y centros adscritos a las mismas donde haya habido presuntas irregularidades y "trato de favor", como la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La comisión, por lo tanto, saldrá adelante pese al rechazo del PP, que la considera contraria al reglamento de la Cámara, según han informado hoy a Efe fuentes parlamentarias.

Las mismas fuentes han explicado que aún no hay fecha prevista para el inicio de esta comisión, sobre la que la Mesa tiene previsto aprobar además algunas modificaciones relacionadas con las reglas de funcionamiento en su reunión del próximo lunes para así "ajustarlas al reglamento".

Lo que no cambiará será el objeto de esta comisión impulsada por Ciudadanos con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición en la Asamblea (PSOE-M y Podemos).

Entre otros asuntos, la oposición pidió "investigar, y en su caso, determinar la responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público" de la URJC desde su creación en 2001.

En este instituto, ya clausurado, cursaron sus estudios de máster la exministra socialista Carmen Montón, el líder del PP, Pablo Casado, y la expresidenta regional Cristina Cifuentes, afectados todos ellos por supuestas irregularidades.

Los grupos de la oposición también instaron a investigar "otros posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos".

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, pidió un informe jurídico para decidir acerca de la creación de esta comisión después de que el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, llegara a calificarla de "ilegal" al entender que atentaba contra el principio de autonomía universitaria.

La Mesa ha tenido en cuenta para tomar su decisión este informe jurídico, que no es vinculante y que hace algunas recomendaciones relacionadas con las reglas de funcionamiento, parte de las cuales serán aceptadas por los miembros de este órgano.

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