Un grupo de británicos recurre el rechazo de la Justicia europea a su petición de parar el brexit

Bruselas, 12 dic (EFE).- Los trece ciudadanos británicos que vieron rechazada su petición de anular la decisión del Consejo de la UE de abrir la negociación del "brexit" ante el Tribunal General comunitario han recurrido esa decisión, informó hoy la Corte, con sede en Luxemburgo.

Así lo confirmó el Tribunal de Justicia, máxima instancia judicial de la Unión Europea (UE), a través de su perfil en la red social Twitter, en el que añadió que se ha solicitado tramitar el caso por procedimiento de urgencia.

El pasado 26 de noviembre, el Tribunal General -primera instancia- rechazó la petición de trece ciudadanos británicos residentes en distintos Estados miembros de que se anulase la decisión de autorizar la apertura de negociaciones del "brexit", al ser algo que no afectaba a la situación jurídica de esas personas.

Los británicos alegaban haber sido privados del derecho de voto en el referéndum sobre el "brexit" debido a su expatriación y creen que la decisión del Consejo (países de la UE) de autorizar la apertura de negociaciones para la salida del Reino Unido afecta directamente a sus derechos como europeos.

Los británicos argumentaban además que la Justicia europea es el último recurso que les queda antes de que pierdan su condición de ciudadanos de la Unión el 29 de marzo de 2019.

En su sentencia, el Tribunal General consideró inadmisible el recurso de estos ciudadanos británicos, ya que los demandantes no son destinatarios del acto.

Los jueces recordaron en ese contexto que, para poder interponer un recurso, el acto debe afectar, al menos, directamente a los demandantes y producir directamente efectos en su situación jurídica.

El Tribunal General indicó que la decisión que autoriza a abrir las negociaciones relativas a la celebración de un acuerdo con el Reino Unido, no produce directamente efectos en la situación jurídica de los demandantes.

De este modo, opinó que los demandantes se equivocaban al alegar que se ven directamente afectados en su condición de ciudadanos de la Unión y sus derechos de voto en las elecciones europeas y municipales, el respeto de la vida privada y familiar, su libertad de circulación, de residencia y de trabajo, su derecho de propiedad y sus derechos a las prestaciones sociales.

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