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Ochenta familias han apelado a la ONU para suspender sus desahucios en 2018

EFE
12/12/2018 - 14:43

Madrid, 12 dic (EFE).- Richard Rodríguez, vecino de Madrid y en situación precaria desde 2015, ha conseguido suspender su desahucio gracias a una decisión del Comité DESC de Naciones Unidas, un órgano internacional "poco conocido" al que han recurrido otras 80 familias en 2018.

Para dar a conocer el funcionamiento de este organismo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Stop Desahucios, la Coordinadora de Vivienda de Madrid y Amnistía Internacional, han presentado hoy en Madrid una guía de "buena praxis" bajo el título de "Defendiendo el hogar. Guía para la solicitud de medidas cautelares ante el Comité DESC de Naciones Unidas por casos de desalojo sin alternativa habitacional".

Se trata de una guía "sencilla, accesible y gratuita" que pretende "servir de ayuda" para un uso "adecuado" de las solicitudes de medidas cautelares al Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales), un órgano "poco conocido", según ha explicado el asesor jurídico y miembro del equipo de redacción del documento, Javier Rubio.

El Comité DESC es un órgano de Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza), que se ocupa del cumplimiento por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 (PI-DESC), "incluso anterior a la Constitución", apunta Rubio.

También admite y resuelve procedimientos internacionales por vulneración de derechos sociales de acuerdo al Protocolo Facultativo del Pacto (PF-PIDESC), firmado por España en 2008 y en vigor en mayo de 2013.

Según el artículo 5 de ese Protocolo, el Comité DESC puede adoptar la suspensión, que se denomina "medida provisional", de una medida estatal si con ello evita un daño grave e irreparable en alguno de los derechos denunciados.

Dado que la vivienda está recogida en el artículo 11 del PI-DESC como Derecho Humano, las víctimas de vulneraciones de su derecho a la vivienda pueden solicitar la adopción de "medidas cautelares", por las que el Comité remite a España una orden de suspensión de desalojo mientras no se provea al afectado de una alternativa habitacional digna.

Ese fue el caso de Richard Rodríguez, que por la crisis económica en 2014 se vio en la "triste y penosa necesidad" de "ocupar" una vivienda propiedad de un banco junto a su mujer y sus dos hijas.

"El banco nos desahució en 2015 y desde entonces llevamos tres desahucios", ha relatado Rodríguez, que, agotadas las vías ordinarias y sin haber obtenido respuesta ante las reiteradas peticiones de viviendas sociales o alquiler del inmueble al banco, recurrió al Comité DESC.

El órgano consiguió suspender su desahucio el pasado 9 de marzo, y fue el primero de los 80 casos presentados este año desde España que obtuvo una respuesta.

"Para nosotros fue un salvavidas, pero estamos esperando. Parcheó nuestra situación, pero alguien tiene que hacer algo. Las 80 familias en esta situación no pueden más", ha asegurado.

La guía presentada hoy enumera los casos en los que se debería utilizar esta herramienta, pero las plataformas que la han redactado aconsejan que se use como "último recurso" y en casos "idóneos".

Recomiendan enviar la comunicación con más de 10 días de antelación ante la fecha del desahucio, ya que una vez que el Comité la examine, contestará en un plazo de unos 4 y 6 días.

En el caso de ser admitido, la tramitación del caso puede prolongarse entre 1 y 3 años y se inicia un litigio entre España -que se persona a través de la Abogacía del Estado- y un Comité de Naciones Unidas.

Por ello, se aconseja contar con abogados, especialistas o juristas para la defensa.

Pepi Cardenete.