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El TSJM confirma que Carmena debe reincorporar a la interventora cesada

EFE
30/12/2018 - 13:48

Madrid, 30 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de principios de año que anuló el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del 23 de junio de 2016 por el que se cesó a la interventora Beatriz Vigo y obligaba a reincorporarla a su puesto.

En una sentencia del 13 de noviembre avanzada hoy por el diario ABC y a la que ha tenido acceso EFE, la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento y de la actual interventora, María José Monzón, contra el anterior fallo judicial, y condena a pagar las costas del proceso hasta un límite de 2.000 euros.

El Ayuntamiento tiene un plazo de treinta días para presentar un recurso de casación, que según han dicho a Efe desde el Gobierno municipal sí se va a registrar.

La sentencia inicial, dictada el 29 de enero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid, anuló el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del 23 de junio de 2016 para el cese de Vigo y obligaba a reincorporarla a su puesto con abono de los emolumentos dejados de percibir y "con todos los efectos administrativos inherentes a dicho puesto de trabajo".

El Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) anunció en su momento que cesaba a Beatriz Vigo dentro de un proceso de mejora de los "canales de control administrativo" de los contratos y que no estaba ligado a una "decisión política".

En septiembre de 2016, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento nombró a María José Monzón Mayo como nueva interventora general del Ayuntamiento de Madrid, en sustitución de Vigo Martín.

Unas semanas después, la Delegación del Gobierno recurrió el cese de la interventora por suponer una postura "absolutamente arbitraria", carecer de motivos de carácter objetivo que la justificasen y por responder a una finalidad política.

En la sentencia del TSJM dictada el pasado noviembre, los magistrados argumentan que la legislación prevé que el puesto de interventor se puede cubrir con el procedimiento de libre designación siempre que se cumplan unas garantías.

"En caso de cese de un Interventor, que ejerce control técnico presupuestario y financiero de la actividad política y administrativa, se estima que debe exigirse con el mayor rigor, que esta razón contrastable, exista, sea explícita y se pueda demostrar. Puesto que estos funcionarios ejercen autoridad, y dicha autoridad debe ser respetada, evitándose que cesándolos, el Gobierno municipal eluda los controles técnicos, en serio perjuicio del interés público y de la Administración", indica la sentencia.

Los magistrados afirman que del examen de la resolución de mayo de 2016 del entonces delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, no se constata "por qué motivo resultaba necesario o conveniente a los fines públicos cesar a la Interventora en funciones".

"El Ayuntamiento no ha precisado la razón técnica u organizativa que haya dado lugar a este cese sino solamente circunstancias que por sí mismas no hacían necesario dicho cese, y ni siquiera queda precisado que fuese preferible o más conveniente para los intereses públicos", recoge la sentencia en la que se desestima el recurso del Gobierno municipal.