Madrid, 8 ene (EFE).- Encasa Cibeles, filial de los fondos de inversión Azora y Goldman Sachs, beneficiarios de la venta en 2013 de cerca de 3.000 viviendas del Ivima niega haber presionado a los inquilinos y defiende que la compra de estos inmuebles de titularidad autonómica fue por subasta y con concurrencia.
Fuentes de este fondo de inversión señalan a Efe que la venta "se produjo por concurso competitivo de subasta pública con precio mínimo de salida y en el que no había criterios subjetivos de adjudicación" y añaden que este precio de salida, de 168 millones de euros, se fijó a partir de tasaciones independientes, incluida la del Banco de España.
En esta subasta participaron 13 compañías, "todas competidoras entre sí", añade Encasa Cibeles después de que este martes los afectados por la venta de viviendas de la Comunidad de Madrid se hayan manifestado frente a los Juzgados de Plaza de Castilla para pedir que no se archive la causa penal abierta, como ha pedido la Fiscalía tras ser sustituido el anterior fiscal del caso.
Durante la protesta, la portavoz de los afectados, Montserrat González, ha denunciado que desde el fondo "están presionando de todos los modos posibles" a los vecinos que aún viven en estos pisos para que los desalojen, con correos electrónicos "un poco amenazadores" o "dejadez" a la hora de reparar las averías.
En cambio, desde Azora y Goldman Sachs niegan "rotundamente" haber presionado a los vecinos y aseguran que Encasa Cibeles ha cumplido "escrupulosamente" los contratos firmados con el Ivima manteniendo "inalteradas todas las reducciones de renta/bonificaciones acordadas por el Ivima hasta su finalización".
Además, defienden que, pese a no tener obligación, se ofreció extender las reducciones de renta "a la totalidad de los inquilinos beneficiados por esta medida" y han realizado 590 análisis de situaciones familiares especiales a través de mediadores sociales, para "ofrecer las mejores alternativas a cada caso, que van desde la extensión de las reducciones de renta o a la condonación de deuda".
Azora-Goldman Sachs pagó en 2013 201 millones de euros por 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos, pese a que una reciente tasación por parte de la Agencia Tributaria a petición del juzgado que instruye la causa penal sitúa el valor de los pisos "en 209 millones de euros" cuando se realizó la operación.
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