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Puigdemont intenta registrar una asociación como lobby ante la Unión Europea

EFE
30/01/2019 - 14:24

Bruselas, 30 ene (EFE).- El entorno del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha intentado registrar como grupo de interés (lobby) ante las instituciones de la Unión Europea (UE) la asociación belga CATGlobal, cuya inscripción no ha sido validada por falta de información necesaria, dijeron a Efe fuentes europeas.

El registro de esa asociación sin ánimo de lucro con sede en el mismo chalet de la localidad de Waterloo donde Puigdemont tiene fijada su residencia en Bélgica y donde está registrada la sede del llamado "Consell per la República" se tramitó el pasado 14 de enero.

No obstante CATGlobal ASBL no aparece en el registro público de grupos de interés registrados ante las instituciones comunitarias, un portal que gestiona la Comisión Europea.

Esto se debe a que "hay cosas que tienen que cambiar", indicó una fuente comunitaria cercana a ese proceso que precisó que se tarda "normalmente dos semanas" en recibir el visto bueno del registro si no se exige ninguna modificación.

El registro se introdujo en ese mecanismo para velar por la transparencia en las instituciones comunitarias, según adelantó El Confidencial, a nombre de Jaume Cabani Massip, un ingeniero informático responsable también de las operaciones de la web independentista Republicat.

En dicho proceso de inscripción se describe a CATGlobal dentro de la categoría de "organizaciones no gubernamentales" con el objetivo no lucrativo de "favorecer, difundir y realizar iniciativas susceptibles de promover y llevar a cabo iniciativas que puedan promover, mejorar y, por lo tanto, promover, apoyar el desarrollo y la realidad social de la comunidad catalana".

La asociación, según los documentos del intento de registro, dice tener representación en Bélgica, España, Francia y Reino Unido y se interesa en particular en las actividades de la Unión Europea relacionadas con los "derechos ciudadanos" y "especialmente a los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión".

El registro incluye un número de teléfono belga que atiende en francés un varón con acento español que, contactado por Efe, guardó silencio ante las preguntas sobre la actividad de dicha asociación antes de colgar sin hacer ningún comentario.

Según los documentos, CATGlobal cuenta con diez personas afiliadas y en ella trabajan tres personas a tiempo completo y otras cuatro a tiempo parcial, si bien no se detalla ninguna información financiera.

La asociación se constituyó como tal en Bélgica en febrero de 2018 y, además de Cabani, están vinculados a la misma Jaime Bernis Calatayud, lobista y socio de la consultora TAS Europroject; Erika Casajoana Daunert, consultora en comunicación pública; Josep Matamala Alsina, empresario que arropa a Puigdemont desde que huyó a Bélgica, y Piet Van den Bergh, vinculado al servicio de estudios de la Confederación de Sindicatos Cristianos (ACV, por sus siglas en neerlandés).

En caso de que la Comisión Europea rechace el registro de un grupo de presión ante las instituciones comunitarias, ni la negativa ni los motivos de la misma se hacen públicos, agregaron las fuentes.

Puigdemont viajó a Bruselas el 30 de octubre de 2017, tres días después de una declaración de independencia de Cataluña declarada ilegal por la Justicia española y el propio expresidente ha sido procesado por el Supremo por el delito de rebelión, entre otros.

Por otro lado, la europarlamentaria liberal Beatriz Becerra, vicepresidenta de la comisión de derechos humanos de la Eurocámara, se dirigió a la Comisión Europea a propósito de la asociación vinculada al expresidente autonómico, que considera se creó "para obtener fondos europeos destinados a subvertir el orden constitucional español".

La eurodiputada trasladó una cuestión parlamentaria al Ejecutivo comunitario, de la que Efe ha obtenido una copia, en la que pregunta si la CE considera que CATGlobal cumple los criterios para obtener ayudas públicas dada la "situación judicial" de Puigdemont, reclamado por la Justicia española por presuntos delitos de rebelión y malversación, entre otros.

Becerra también interpeló a la Comisión Europea sobre si puede recibir fondos comunitarios una asociación cuyo objetivo pasa por "subvertir el orden constitucional de un Estado miembro".