Salud

Cantabria.-El SCS deberá indemnizar con 45.000 euros a un paciente que sufrió incapacidad permanente tras una operación

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al Servicio Cántabro de Salud (SCS) a indemnizar con 45.000 euros a un paciente que sufrió una incapacidad permanente absoluta tras una intervención quirúrgica.

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

El paciente, de 49 años de edad, ingresó el 20 de febrero de 2003 en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario 'Marqués de Valdecilla' con un cuadro de lumbalgia con 2 años de evolución, y se le sometió a intervención quirúrgica el 21 de febrero de 2003.

En el postoperatorio, el enfermo presentó analgesia de silla de montar, con lo que requirió sonda vesical y pañal. Posteriormente se le diagnosticó disfunción eréctil y disfunción neurógena de la micción secundaria, además de hipotonía del esfínter anal, por lo que la Seguridad Social le concedió la incapacidad permanente absoluta.

La sentencia, hecha pública hoy, desestima los recursos que tanto del Gobierno de Cantabria como el afectado presentaron contra una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander.

En ella, se declaraba "no conforme a derecho" la desestimación que el se hizo por silencio administrativo de la reclamación que presentó el afectado contra el SCS, a quien le reclamaba responsabilidad patrimonial por una deficiente asistencia sanitaria.

El afectado reclamaba una cantidad de 192.758,3 euros por daños derivados de la asistencia sanitaria. No obstante, la sentencia entiende que la actuación asistencia fue "adecuada y acertada" sin que se produjera infracción de la práctica médica ni se pudieran evitar las complicaciones posteriores.

De hecho, se sostiene que el resultado fue "inevitable" y que sucede en un 1 por ciento de las ocasiones, algo que es "impredecible". Además, se califica la actuación médica de "intachable".

En cambio, considera probado que el paciente no fue informado sobre otras alternativas terapéuticas posibles, teniendo en cuenta lo "delicado" de este tipo de operaciones. Ante la falta de información, que pudiera haberle hecho rechazar la intervención, se establece que se le indemnice con 45.000 euros por el daños moral de la privación de elección.

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