Entre los años 1957 y 1963 nacieron alrededor de 10.000 niños con diferentes malformaciones físicas provocadas por un fármaco, la talidomida, que consumieron sus madres durante los primeros meses de embarazo. Después de 50 años, las secuelas siguen presentes.
La empresa alemana Grünenthal era el laboratorio que comercializaba la talidomida que, en un primer momento, se recetaba como somnífero. Pero pronto se descubrió su éxito para combatir las náuseas y mareos en las mujeres embarazadas. Miles consumieron así este fármaco sin saber si podrían existir efectos secundarios.
No tardaron en aparecer los primeros escándalos de bebés con malformaciones. Aproximadamente se registraron 5.000 niños con anomalías en Alemania, y en torno a los 10.000 en todo el mundo. La mayoría de ellos murieron a los pocos años de vida.
En 1961 fue, realmente, cuando dos doctores, uno alemán y otro español, el doctor Lenz y el doctor Knapp, gracias a un exhaustivo estudio en la Clínica Universitaria de Hamburgo, dieron con el causante. Miles de madres acudían a ellos con diferentes radiografías para encontrar una explicación. Partieron de preguntas básicas sobre sus costumbres rutinarias hasta que dieron con el culpable, medicamentos con talidomida.
Existían muchos medicamentos de aquella época donde estaba presente este compuesto como el Contergan, el Softenon o el Imidan, fármacos muy demandados en aquellos años y con una toxicidad, por entonces, desconocida.
Fue un caso muy polémico que rápidamente saltó a los titulares de todos los periódicos del mundo y en seguida la farmacéutica fue llevada a juicio y condenada a indemnizar a las víctimas de Alemania, además la inmediata retirada del medicamento en 1961.
En España la situación fue muy diferente, los medicamentos no se retiraron hasta años después, fue el último país europeo en ejecutar la acción, provocando el nacimiento de más niños focomélicos.
Los afectados en España crearon en el 2004 una asociación, Avite, para que todos los afectados pudiesen luchar, de manera conjunta contra el laboratorio alemán Grünenthal. Llevan años de lucha sin éxito. Han agotado, prácticamente, todas las posibles vías judiciales, reclamando una ayuda para poder sortear los gastos que conllevan sus malformaciones. Las autoridades alegan que el caso ha prescrito, algo que consideran injusto y, que su abogado, Ignacio Martínez, está luchando por ello.
Han recurrido su caso en casi todas las instancias, solo les queda acudir ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo, algo que no descartan en un futuro.
El Supremo rechaza indemnizar a los enfermos
