
Los interrogatorios de las últimas semanas están dando nuevas y sorprendentes informaciones. Si recientemente nos enterábamos de que Urdangarín y su socio Diego Torres engañaron a Hacienda con facturas falsas, hoy tenemos noticia de que el Govern balear falseó las actas para otorgar a Urdangarín 2,3 millones de euros.
Estos nuevos datos se extraen de las confesiones de varios ex altos cargos que han declarado que para poder adjudicar esa alta cantidad de dinero público al Instituto Nóos el Govern falseó las actas de una reunión que nunca existió.
La policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción cree que se trata de un montaje para que esta concesión al duque de Palma tuviese aparencia legal. El esfuerzo del Govern para que este pago millonario pareciese legal llevó a fingir una reunión de la junta directiva de la Fundación Illesport. Para dar cobertura a esta inexistente reunión de la comisión ejecutiva, se falsearon las actas de la misma.
Urdangarín y Matas tomaron la decisión en una cita no oficial
Tal y como informa El Mundo, a la reunión en la que se decidió que sería el Instituto Nóos el que recibiría ese dinero público no asistieron los directivos de la Fundación Illesport, sino el propio Urdangarín y el ex presidente balear, entre otros. Fue una reunión no oficial en el mismo despacho de Jaume Matas y en presencia, además del marido de la infanta, de Diego Torres, el ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester y Dulce Linares, la entonces directora general del gabinete Técnico del presidente.
Según las confesiones de algunos de los propios asistentes, en esta cita se decidió eludir el preceptivo concurso público y elaborar en el momento un acta de la comisión ejecutiva de la Fundación Illesport para dar apariencia de legalidad al compromiso.
En el documento oficial, consultado por El Mundo, se habla de una reunión celebrada el 30 de mayo de 2005 a las 17.00 horas en la que supuestamente "los asitentes" aprueban "por unanimidad" el primero de los pagos a la entidad de Urdangarín, por importe de 1,2 millones.
El dinero se otrogó quebrantando, también, el procedimiento administrativo y fingiendo que la decisión de otorgar la subvención fue colegiada cuando la votación nunca tuvo lugar, incluyendo este gasto en los presupuestos de la Administración autonómica.
La operación se repetía un año después, en esta ocasión para otorgar los 1,1 millones de euros públicos en concepto de la segunda edición del Illes Balears Forum.