La reforma del Sistema Nacional de Salud Público llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy podría encontrarse en breve con una suerte de 'boicot' interno liderado por los propios médicos responsables de atender a los pacientes en cada centro de salud público. Un sector de la profesión estudia ejercer su derecho a la 'objeción de conciencia' y atender a los inmigrantes ilegales sin tarjeta sanitaria, aunque los cambios en las normas así se lo impidan.
"Para el Gobierno quizá esos pacientes son sólo números y cifras, pero para nosotros se tratan de gente con nombre y apellidos. Si uno de ellos, una de esas personas que yo he atendido hasta ahora, llega a mi consulta buscando atención, será complicado que no lo atienda. Es cuestión de ética", afirma uno de los galenos que medita adherirse a esta iniciativa.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad pidió este miércoles a todos los médicos y enfermeros de España que practiquen la objeción de conciencia y no acaten el 'decretazo' de Ana Mato y sigan atendiendo a los 'sin papeles'.
Esta coordinadora considera que el decreto es "inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública" y, en el caso de los inmigrantes en situación administrativa irregular, supone "un atentado gravísimo contra los derechos humanos".
Considera esta Plataforma que "se excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria que, entendemos es un derecho humano básico. La mayor parte de estos inmigrantes 'irregulares', sin permiso de trabajo oficial, trabajan en la economía sumergida y pagan algunos impuestos como es el caso del IVA, contribuyendo en parte a la financiación de los servicios públicos".
"La falta de atención sanitaria en patologías crónicas entre el colectivo de 'sin papeles'", explica, "provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias (dado que es la única posibilidad que les queda), incrementando la presión asistencial. Se generará un incremento de ingresos hospitalarios, que posiblemente provoque un mayor gasto final".
Este decreto, según la plataforma, tendrá efectos negativos sobre la salud de la población general, ya que considera que sienta las bases para el incremento de las enfermedades transmisibles y la pérdida de su control (tuberculosis, HIV?.)".
Por todo esto, "hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública, para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos".
Asimismo, reivindica el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud a la aplicación efectiva del decreto "por inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública".
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