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El sacrificio de Mari Luz no puede ser inútil

Antonio García Pablos de Molina/ Catedrático de Derecho Penal de la Univ. Complutense
1/04/2008 - 17:09
Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz. Foto: Archivo

El trágico final de la niña Mari Luz Cortés ha conmocionado a la sociedad española, porque nada conmueve más que la muerte execrable de una víctima indefensa que, además, pudo y debió haberse evitado.

La primera reacción, humana y comprensible, ante tal drama es la búsqueda de culpables pues un orden social justo no puede admitir ni comprender tales desgracias, como muy bien saben los expertos en psicología social.

Un sistema legal obsoleto

Pero no busquemos ahora responsables -ya lo hará la justicia- porque el problema es otro. Asombra e indigna ciertamente que en la sociedad de la informática y la comunicación padezcamos todavía un sistema legal obsoleto y descoordinado en el que, por desgracia y al parecer, se suceden errores clamorosos, negligencias inexcusables, chapuzas y despropósitos de toda índole.

Sin embargo, otras muchas Mari Luz corren también graves riesgos, difíciles de conjurar, no por la torpeza e irresponsabilidad de los operadores jurídicos sino porque nuestro ordenamiento no contempla previsiones y cautelas necesarias para proteger a las víctimas potenciales del peligro, científicamente conocido, que representan ciertos individuos.

En efecto, la ley española no permite aplazar la excarcelación de un penado si subsiste su peligrosidad, ni condicionar dicha excarcelación a su previa rehabilitación. No autoriza, tampoco, nuestro Derecho la adopción de medidas restrictivas y cautelares una vez cumplida la condena, mientras no vuelva aquel a quebrantar la ley penal, por muy pesimista que sea para los expertos el futuro en libertad del ex recluso por su elevado pronóstico de reincidencia (caso por ejemplo, de muchos –no todos- delincuentes sexuales, y de no pocos psicópatas, refractarios al tratamiento rehabilitador).

En otros países de nuestro entorno, se ha procurado controlar dicho peligro permitiendo a la policía, o a la propia comunidad, el acceso a la identidad de estos delincuentes ya condenados. En el nuestro, hoy por hoy, tal acceso es inviable sin una previa reforma legal, y abría que ponderar, además los riesgos de una publicidad aún limitada proclive al anacrónico retorno de la picota, al linchamiento y a conocidos desmanes revanchistas de la 'justicia popular'.

Soluciones

Pero otras 'soluciones', discreta o veladamente insinuadas, tampoco lo son. Por ejemplo, la llamada "doctrina Parot", pendiente aún de validación por el Tribunal Constitucional constriñe su alcance a supuestos muy concretos (acumulación de condenas y cómputo de la extinta redención de penas por el trabajo). El expediente extraordinario del art. 77 del Código Penal lo hace también, solo a ciertos casos: beneficios penitenciarios, permisos de salida, acceso al tercer grado y libertad condicional, siempre que concurran determinados presupuestos.

La castración consentida por el penado -esto es, el tratamiento químico o farmacológico, no la mutilación- parece improbable se incorpore al catálogo de penas o medidas de seguridad de nuestro Código mientras no exista el necesario consenso científico previo respecto a su efectividad y daños colaterales una vez salvada la objeción, por cierto menos concluyente, de su supuesta inconstitucionalidad.

En cuanto a la mal llamada cadena perpetua, que no es tal (el Tribunal Europeo la admite siempre que se arbitre un sistema flexible para la revisión de la condena, de modo que esta no resulte necesariamente vitalicia), el debate está abierto, si bien nadie debiera rasgarse las vestiduras porque el Código Penal español autoriza ya el cumplimiento efectivo de cuarenta años en prisión en el supuesto de concurso de delitos (art. 76. 1ºD).

Ahora bien, dicha pena, por su extrema gravedad no podrá imponerse a autores de abusos sexuales reiterados, de menor entidad, a pesar el elevadísimo pronóstico de reincidencia de estos delincuentes; ni tampoco -por idéntica razón de proporcionalidad- a agresores sexuales (mayores) en quienes concurriera, como es usual, algún trastorno psiquiátrico de relevancia. Parece obvio, a mi juicio, que lo que este delincuente necesita no es más pena, sino una terapia clínica adecuada.

Creo, pues, indispensable un debate abierto, franco e interdisciplinario entre el mundo de las 'togas negras' y el de las 'batas blancas' sobre la peligrosidad criminal del penado que ya cumplió condena. Y, desde luego, la reforma de la legalidad vigente. Carece de sentido que en nuestro Código Penal solo puedan acordarse medidas de seguridad respecto a inimputables y semi-imputables, y no, paradójicamente, en el supuesto de la reincidencia. Y que no contemple nuestro Derecho la imposición de medidas de seguridad, esto es, el tratamiento preceptivo y control riguroso (clínico) de delincuentes con elevado pronóstico de reincidencia (verbi gracia sexuales) una vez que saldaron su deuda con la Justicia. Por último, un sistema de la justicia criminal moderno como requieren los tiempos ha de poner a disposición de todos los jueces y tribunales de lo penal una información actualizada, completa y plenamente operativa, a tiempo real, que garantice el seguimiento sin lagunas ni fisuras de estos infractores peligrosos. El sacrificio de Mari Luz no puede ser inútil.

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