Sociedad

Directores de Servicios Sociales piden al Gobierno que se preocupe de los dependientes que "morirán sin recibir ayudas"

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha acusado al Gobierno de utilizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los cobros indebidos para dependencia por parte de las comunidades autónomas y pide que se preocupe por las 227.000 personas que están "en el limbo de la dependencia" y que "morirán sin recibir las ayudas a las que tienen derecho".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha acusado al Gobierno de utilizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los cobros indebidos para dependencia por parte de las comunidades autónomas y pide que se preocupe por las 227.000 personas que están "en el limbo de la dependencia" y que "morirán sin recibir las ayudas a las que tienen derecho".

En declaraciones a Europa Press, Ramírez ha recordado que esta son cifras previas al año 2011 e insiste en que se trata de una "maniobra de distracción" por parte del Gobierno "para después poder excusar sus recortes en materia de dependencia". "Se está demonizando a los muertos y a sus familias" cuando "no ha supuesto ningún enriquecimiento injusto ni lucro", según ha apostillado.

En este sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que "lo que hay que hacer es agilizar el sistema y no entorpecer más". Así, ha añadido que "en el caso de que haya familias que cobren de manera indebida, la comunidad la administración se encarga de incoar un expediente de reintegro, igual que ocurre con las pensiones no contributivas".

"En virtud de esta maniobra preparan un nuevo Decreto donde de manera perversa utilizando la excusa de la transparencia quieren estrangular el sistema", ha sentenciado Ramírez, a la vez que compara esta situación con "la campaña de desprestigio de las cuidadoras no profesionales --en 2012-- que sirvió después para recortar la prestación económica y expulsarlas de la seguridad social".

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