Sociedad

Oposición plantea servicios de atención al cliente gratuitos y que se prohíba el spam telefónico los fines de semana

Coalición Canaria denuncia que grandes empresas le excluyen del comercio por su condición ultraperiférica

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Los grupos de la oposición en el Congreso han planteado al Gobierno en la nueva Ley del Consumidor que los servicios de atención al cliente sean siempre gratuitos, que las llamadas de 'spam' telefónico se prohíban los fines de semana y entre semana a partir de las 21.00 horas de la noche, o por ejemplo que todo anuncio que publicite productos de belleza incluya en lugar visible la edad de la persona que lo publicita.

Así se desprende del total de 232 enmiendas parciales que los grupos de la oposición en el Congreso han presentado al articulado de la Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a las que ha tenido acceso Europa Press.

El PSOE, por su parte, ha planteado un total de 63 enmiendas al citado proyecto de ley entre las que destaca una petición para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, de cara a que se refuercen las competencias de los fiscales y se les legitime en defensa de los intereses difusos y colectivos cuando el interés social lo justifique.

Así, quiere que se posibilite el llamamiento legal de terceros en procesos para la protección de derechos e intereses difusos y colectivos, facilitando la acumulación de acciones de reparación de daños y perjuicios frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas abusivas, en casos como las preferentes, por ejemplo. En esta demanda, el Grupo Socialista coincide con CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG.

Por otro lado, los socialistas también proponen una mejora de los servicios de atención al cliente, que estos sean gratuitos y contestados por personas y no por máquinas. UPyD y el PNV también plantean que no supongan coste alguno a los consumidores.

Igualmente, plantea la obligación a las empresas de que sus oficinas y servicios de información y atención al cliente aseguren a éste la constancia de sus quejas y reclamaciones, y si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa; una propuesta en la que coincide con CiU.

En materia de comercio electrónico promueven una mejora en el equilibrio entre el vendedor y el comprador, y sobre todo siempre predominando la defensa del consumidor, por ejemplo haciendo obligatorio que las llamadas sean gratuitas siempre.

LAS FACTURAS SIEMPRE EN PAPEL

Desde CiU, en su paquete de 50 enmiendas, presentan una primera enmienda en la que plantean la prohibición del 'spam' telefónico los fines de semana y entre semana a partir de las 21.00 horas de la noche.

En otra propuesta, en la que coincide con UPyD, se plantea que las facturas que se emiten tras la relación entre la empresa y el consumidor sean siempre en papel, con lo cual la factura electrónica sólo se emita en casos en los que el consumidor lo pida de forma expresa.

Solicita también que se defina que es un 'consumidor vulnerable', de cara a que no se pueda cortar el suministro a esos colectivos en momentos especiales.

En materia hipotecaria CiU quiere que se determine cuando se consideraran abusivas las cláusulas suelo en materia de vivienda habitual, además de una mediación en aquellos supuestos que les sea de aplicación el decreto de protección de deudores hipotecarios que para esas personas necesariamente tengan que acogerse una mediación, evitar desahucios.

Este punto también lo propone la Izquierda Plural en lo que llama una situación de 'quiebra familiar'. Según su portavoz de Consumo, Gaspar Llamazares, el hecho de que se pueda declarar en quiebra a las familias, de la misma manera que se hace con las empresas, de cara a evitar desahucios, tal y como se está haciendo ya en Francia, y así pactar una parte de la deuda y que ésta no se transmita a los descendientes.

Sugiere también la existencia de "mecanismos claros de sanción" ya que, según comenta, a pesar de que exista mucha legislación sobre consumo y que los tribunales te den la razón en gran parte de las ocasiones, las grandes empresas que son sancionadas, por ejemplo, no reparan el daño.

LENGUAS COOFICIALES Y COMPETENCIAS

El PNV y ERC proponen la adición de una disposición adicional de cara a que el texto de ley del Gobierno reconozca que las comunidades autónomas ostentan la competencia exclusiva en materia de defensa de los consumidores y usuarios, lo que les permite intervenir, incluso a nivel legislativo, en este sector de la actividad.

A su vez, solicitan que tanto la formalización de los contratos, como la información precontractual, se realice en la lengua cooficial en aquellas comunidades autónomas con lengua propia.

Por parte de UPyD, en su paquete de 13 enmiendas, quieren que todo anuncio que publicite productos de belleza incluya la edad de la persona que anuncia el producto, y por otro lado, en caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa, la penalización por baja o cese prematuro de la relación contractual será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado.

Mientras, Coalición Canaria reivindica en su enmienda que no se discrimine a las islas Canarias por razón de regímenes fiscales especiales en el comercio electrónico, y sin perjuicio del derecho a repercutir los costes de transporte o de gestión aduanera que, en su caso, pudieran ocasionarse. Esta formación denuncia que, por su condición ultraperiférica, sufre una "exclusión injustificada" en la actividad comercial de algunas grandes empresas.

El PP, por su parte, ha aprovechado esta normativa para regular el uso de los cigarrillos electrónicos, así como la profesión de psicología clínica, el régimen de publicidad de los medicamentos, reorganizar la profesión sanitaria, obliga a las administraciones estatales a contratar productos y servicios de la máxima eficiencia energética, retoca la Ley del Sector eléctrico o define en sus enmiendas el tipo de inversiones que pueden acometer los ayuntamientos con superávit.

En materia de consumo refuerza el papel del Ministerio Fiscal y le permite presentarse en defensa de los consumidores y usuarios, independientemente de si participa una asociación o no, entre otros puntos. Esta normativa supone la trasposición de una directiva europea en materia de consumo que, a juicio de la oposición, es "insuficiente". Depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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