El profesor universitario Rafael Aracil, el perito que contrató la SGAE para elaborar un informe acerca de qué dispositivos electrónicos debían pagar el canon digital y que está imputado por un posible delito de "falsificación de documentos oficiales, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias y manipulación para alterar el precio de las cosas", se ha negado a declarar en los tribunales.
Tal y como adelantó elEconomista el 23 de febrero, el juzgado de instrucción número 26 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por Apemit, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática) contra tres entidades que gestionan los derechos de autor -SGAE, AIE y Agedi- y el perito contratado por la primera de ellas para evaluar que productos era idóneos para gravar obras originales y, por lo tanto, pagar el canon digital hace cinco años, antes de que se hicieran los primeros listados.
Utilización fraudulenta del sello
Aunque Aracil sí contestó ante la juez la semana pasada que estaba informado de los hechos que se le imputan y de que otros profesores de la Universidad también intervinieron, se negó a contestar a ninguna de las preguntas del abogado de Apemit, Josep Jover, ratificándose en que es catedrático en ingeniería de sistemas y robótica.
La juez está investigando si Aracil ha utilizado de forma fraudulenta el sello y los papeles oficiales de la Universidad cuando estaba, en realidad, haciendo un trabajo privado para una entidad que, supuestamente, le habría pagado por ello, con lo que se cuestionaría su independencia.
La SGAE se ha basado en informes de este catedrático para defender sus posiciones ante los numerosos procesos legales empren- didos contra las tiendas de informática para exigir el pago del canon.
