Sociedad

Las entidades piden que un 30% de las nuevas construcciones sean vivienda pública

Barcelona, 13 feb (EFE).- Varias entidades sociales han propuesto hoy cinco medidas para solucionar la crisis de la vivienda en Barcelona, entre ellas que el 30 % del espacio de edificios de nueva construcción se destine a vivienda pública o que en los alojamientos turísticos se ceda un 40 % en otro edificio del distrito.

Las propuestas las han elaborado y presentado esta mañana en una rueda de prensa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), el Sindicato de Inquilinos y la Asamblea de Barrios para el Turismo Sostenible (ABTS).

Las cinco medidas las presentarán en una moción en el pleno del Ayuntamiento el próximo día 23 de febrero.

"Una vez más es la ciudadanía la que se avanza a las instituciones aportando soluciones para ampliar el parque público de vivienda", ha sentenciado la portavoz de la PAH, Lucía Delgado, y ha añadido que "la ley catalana del derecho a la vivienda, aprobada en 2007, ya contemplaba medidas para garantizar la vivienda pública, por lo que la moción presentada únicamente exprime las leyes existentes para encontrar soluciones".

La primera medida contempla que los nuevos edificios que se construyan en la ciudad o que se sometan a una rehabilitación integral destinen el 30 % de metros a viviendas públicas.

"Si por ejemplo se construye o se rehabilita un bloque de diez pisos, 3 deberán ser alojamiento público", ha aclarado la directora del Sindicato de Inquilinos, Irene Escorihuela, que ha explicado que "la medida está diseñada para que la ampliación del parque público venga también desde manos privadas".

La medida podría aplicarse a través de una modificación de los planos urbanísticos y responde, según Escorihuela, "a una falta de superficie, que conlleva que la construcción y la reforma integral se vinculen a la gentrificación".

La segunda medida plantea que, en la implantación de alojamientos turísticos, se destine el equivalente al 40 % del espacio del edificio a vivienda pública, pero en otro inmueble del distrito.

"El alojamiento turístico acostumbra a incidir de una forma muy negativa en los barrios, por lo que es necesario destinar parte de este espacio a mejorar el parque público de vivienda" ha comentado Daniel Pardo, desde la ABTS.

Según Pardo, "esta medida no es nueva, está instaurada ya en otras ciudades europeas como París y se ha demostrado que funciona".

La tercera propuesta plantea la declaración de algunas zonas de la ciudad como 'Zonas de Conservación y rehabilitación'.

La portavoz del Sindicato de Inquilinos, Irene Sabaté, ha declarado que "con esta medida, que se basa en la prevista en la Ley del derecho de vivienda, se pueden evitar procesos de especulación".

Sabaté ha destacado que "es importante conservar los derechos de los inquilinos, por lo que también se delimitarían zonas de tanteo y retracto".

Las fincas afectadas por estas áreas de tanteo y retracto estarían obligadas a comunicar al ayuntamiento las ofertas de compraventa, para que el consistorio pudiera igualar la oferta y adquirir de forma preferente el edificio.

La última propuesta serviría para convertir en residenciales algunos edificios públicos que no estaban destinados a viviendas, además de buscar otros susceptibles de ser expropiados o comprados por el ayuntamiento para integrarlos en el parque público de vivienda.

Las entidades también han planteado la creación de un grupo de trabajo que analice la implementación de la moción y que se incorpore al Consejo de la Vivienda Social de Barcelona.

A la rueda de prensa han acudido representantes de los grupos municipales del consitorio, a excepción del PP, que han valorado favorablemente la propuesta y han agradecido el trabajo de las entidades, además de asegurar que trabajarán en el texto para la reunión con las entidades del próximo jueves.

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