Cientos de personas se han manifestado este lunes en la mayor ciudad de Birmania, Rangún, para expresar su rechazo a los cambios en la legislación sobre protestas que está estudiando el Parlamento y que los activistas denuncian que supondrá limitar la libertad de expresión.
RANGÚN, 5 (Reuters/EP)
Las enmiendas a la Ley de Manifestación y Reunión Pacífica de 2011 supondrán que se podrá condenar a penas de hasta tres años de prisión a las personas que apoyen con financiación o de otros modos una manifestación que socave "la seguridad, el estado de derecho y la estabilidad del Estado y los intereses morales del pueblo".
Los cambios en la legislación también obligarán a los convocantes de las manifestaciones a proporcionar detalles del presupuesto de una manifestación y de sus fuentes de ingresos. La líder 'de facto' de Birmania, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, están apoyando los cambios en la normativa sobre protestas, que llegan en medio de las críticas a su gestión por la crisis de los rohingyas.
"Si están intentando que sea difícil manifestarse, las autoridades que gestionan el país, el Parlamento, el sistema judicial y el Gobierno, no pueden oír las verdaderas opiniones del pueblo", ha afirmado Zaw Yan, un activista defensor de los derechos de los agricultores.
Yan es uno de los 500 agricultores, trabajadores y activistas políticos que se han manifestado en el centro de la antigua capital birmana para expresar su rechazo a las enmiendas de la legislación sobre manifestaciones. Hasta la fecha, cerca de 190 grupos de la sociedad civil de Birmania han firmado una petición contra esta enmienda legislativa.
El portavoz de la Liga Nacional para la Democracia, Nyan Win, no ha querido pronunciarse sobre la manifestación. Al menos un parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia ha manifestado su rechazo a los cambios en la normativa sobre manifestaciones durante el debate parlamentario que ha tenido lugar en el Senado, en Naipyidó.
El contenido de las enmiendas, en concreto el mal definido concepto de la moralidad, podría ser utilizado por las autoridades para impedir protestas legítimas, según ha dicho Hla Hla Soe, senadora por el partido gubernamental birmano. "Las libertades de expresión y de reunión son derechos humanos fundamentales", ha indicado.
"No hace tanto tiempo que el pueblo ha conseguido esos derechos. Si restringimos esos derechos, habrá preocupación por la posibilidad de volver a la situación anterior", ha advertido la senadora.
Después de que la Liga Nacional para la Democracia se hiciera con el poder en 2016, poniendo fin a décadas de gobierno militar que reprimía todas las manifestaciones de protesta, el partido ha reducido las restricciones a las protestas aunque mantiene las sanciones penales en la legislación.
Los activistas defensores de los Derechos Humanos han advertido de que los avances logrados desde la transición en 2011 podrían estar en peligro. En enero, siete personas murieron y otras doce resultaron heridas en una manifestación en el estado de Rajine.
Las enmiendas a la legislación sobre protestas, impulsadas por una comisión liderada por la Liga Nacional para la Democracia en febrero, tienen como objetivo frenar a los manifestantes nacionalistas apoyados por los opositores y que, a juicio del Gobierno, buscan desestabilizar al Ejecutivo.
"Parece que quieren restringir a los grupos de presión que pagan dinero a personas para que se manifiesten pero no es posible solo restringir a los de un bando", ha afirmado el analista político Maung Maung Soe, que ha firmado en contra de las enmiendas.
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