Sociedad

Solo 120 víctimas de violencia machista han accedido a contratos bonificados

Madrid, 20 nov (EFE).- Solo 120 de más de 1.500 mujeres víctimas de violencia de género atendidas en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid de enero a agosto de este año han podido acceder a un contrato bonificado, según UGT Madrid.

La secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha aportado estos datos en la presentación de un informe elaborado por el sindicato sobre "La violencia que sufren las mujeres en el ámbito laboral".

Sánchez de la Coba ha señalado que la violencia de género no se puede tratar como "un hecho aislado" y ha instado a los poderes públicos a adoptar medidas para ayudar a que las víctimas denuncien el maltrato, para lo que deben contar con apoyo social e independencia económica.

Los incentivos a las empresas para fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, a través de la bonificación en la contratación de estas mujeres, "tienen un alcance muy limitado y no están siendo realmente eficaces", en opinión de la dirigente sindical.

Para Sánchez de la Coba, las discriminaciones y desigualdades por razón de sexo en distintos ámbitos de la vida social, tanto privada como pública, no dejan de aparecer como un instrumento para mantener el dominio de un sexo sobre el otro.

"Hoy el paro tiene rostro de mujer, al igual que la contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial", ha afirmado la secretaria de Igualdad de UGT, quien también ha destacado la segregación ocupacional, con trabajos diferenciados "de chicas y de chicos", y la "abultada" brecha salarial.

La discriminación de la mujer en el mercado laboral se produce por el hecho de ser mujer y "convive y alimenta otras formas de violencia como el acoso o la agresión sexual", ha resaltado.

"La igualdad es una herramienta imprescindible para luchar contra la violencia de género dentro y fuera del ámbito laboral", ha asegurado Sánchez de la Coba antes de apuntar que "la independencia y la suficiencia económica de las mujeres es esencial para prevenir y evitar los casos de violencia".

En España, según datos de la Inspección de trabajo, desde el año 2009 hasta 2016, unas 2.484 mujeres se vieron afectadas por infracciones en materia de acoso sexual, se efectuaron 1.489 requerimientos y se impusieron sanciones por valor de 237.748 euros.

Sin embargo, ha subrayado, el acoso sexual está "invisibilizado" por las dificultades que tienen las víctimas para comunicar y denunciar el problema, así como por el temor a exponerse a represalias y acabar perdiendo el empleo.

Además, ha indicado, las sentencias judiciales de condena por este tipo de violencia son escasas y las penas para los agresores en la vía penal son muy bajas.

UGT ha abogado por establecer protocolos de actuación vinculados a los planes de igualdad y a los convenios colectivos para mejorar la prevención del acoso laboral por razón de género, informar a las víctimas de sus derechos y eliminar los obstáculos para facilitar la denuncia tanto en las empresas como en la vía judicial.

Sánchez de la Coba ha instado al Gobierno a vincular de manera efectiva la lucha por la igualdad y el combate contra la violencia de género.

Desde su punto de vista, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hubiera sido una buena oportunidad para incorporar la adopción de nuevas políticas y medidas dirigidas a la consecución de la igualdad efectiva, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Estambul del año 2011 y que entró en vigor en España en 2014.

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