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La movilización social para por quinta vez el desahucio de Argumosa 11

EFE
14/12/2018 - 10:22

Madrid, 14 dic (EFE).- El desahucio de Josefa (Pepi) Santiago, de 65 años, y de sus dos hijas de 27 y 28 años, ha sido paralizado hoy por quinta vez gracias a la movilización social, a pesar de que hoy mismo el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid, que deberá volver a fijar el día y hora para el lanzamiento, ha desestimado el recurso interpuesto por la representación de Santiago

A las seis de la mañana se pretendía ejecutar el desahucio, como había fijado el juez, pero alrededor de cincuenta ciudadanos, parte de los cuales pasaron la noche a la intemperie para evitar que desalojaran a la mujer.

Hoy mismo, el Juzgado de Primera Instancia nº 33 de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por la representación de Josefa Santiago contra el lanzamiento previsto para hoy, en el cual se alega que el desahucio "es contrario a derecho y España incurriría en responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado".

Los vecinos y activistas que han aguardado ante la puerta del edificio con carteles que piden la "renovación automática de los contratos de alquiler", fueron convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid o el colectivo Bloques en Lucha, entre otros.

El edificio de Argumosa 11 ha sido adquirido por un bloque de fondos de inversión y sus inquilinos recibieron un burofax en el que les informaban de que tenían que abandonar su casa la vencimiento de sus contratos de alquiler y notificó a los vecinos un aumento del alquiler del 300 %.

Las pancartas con las leyendas "No nos vamos. Argumosa se queda" o "Vecina, despierta. Especulan en tu puerta" permanecen colgadas en la fachada del edificio desde que los vecinos están en riesgo de desahucio, a mediados de este año.

El juez recuerda en su auto, ante un escrito del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aportado por la representación de Santiago, que el Tribunal Constitucional señala que "al margen de las obligaciones internacionales" que tenga el Estado "ha de darse la razón al Tribunal Supremo cuando entiende -frente a lo pretendido por el recurrente- que los Dictámenes del Comité no tienen fuerza ejecutoria directa para anular los actos de los poderes públicos nacionales".

"En el Pacto -añade el juez- no existe cláusula alguna de la que se derive su ejecutoriedad, ni en el Ordenamiento jurídico español se ha articulado una vía específica que permita a los Jueces la revisión de las Sentencias penales firmes como consecuencia de un Dictamen del Comité" de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Por otro lado, el auto señala que aunque la Constitución establece que todos los españoles tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, promovida por los poderes públicos, "ello no justifica que deba mantenerse la ocupación, vulnerándose otro derecho como sería el de propiedad, debiendo acudirse, en su caso, a otros servicios sociales a fin de que resuelvan el problema que se denuncia en la apelación".

El juez dice que "la decisión respecto de la solicitud de suspensión cautelar tiene que ser negativa. A nivel internacional porque los Dictámenes que emite Comité de Derechos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no son vinculantes, e internamente porque el derecho a una vivienda adecuada se configura como un parámetro de actuación de los Poderes Públicos que tiene, además, límites en el respeto a la propiedad privada".