Sociedad

Inmigración. nueve ong de derechos humanos piden al gobierno que ponga fin a las 'devoluciones en caliente'

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Nueve organizaciones de refugio, migración, derechos humanos y cooperación exigen al Gobierno que cumpla con su compromiso de poner fin a las 'devoluciones en caliente' y que aproveche la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar "la falsa cobertura legal a las devoluciones sumarias".

Así lo subrayan con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra este martes, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge, Ayuda en Acción, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Fundación Entreculturas y Oxfam Intermón.

Las ONG recuerdan que desde el pasado 27 de noviembre se está debatiendo en el Congreso la reforma de la denominada 'ley mordaza', que, "entre otros aspectos, contiene una disposición que pretende dar cobertura legal a las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla a Marruecos", una práctica "prohibida por el derecho internacional" y que supone "una grave vulneración de los derechos humanos para las personas migrantes y refugiadas", como han denunciado las citadas organizaciones y diversos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo y el Defensor del Pueblo.

"A pesar de que Pedro Sánchez se comprometió a poner fin a este abuso, con la derogación urgente de esta disposición, lo cierto es que en los seis meses de su gobierno se han seguido llevando a cabo tanto devoluciones sumarias como devoluciones exprés", denuncian.

Las ONG subrayan que "las primeras se llevan a cabo sin las debidas garantías, porque las personas no tienen acceso a procedimientos individualizados de asilo", y las devoluciones exprés, aunque "sí se realizan tras acceder a procedimientos individuales, pero, entre otros aspectos, debido a la celeridad con que se llevan a cabo, difícilmente puede asegurarse el acceso a todas las garantías, y, por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete en condiciones adecuadas, así como a una identificación apropiada de potenciales solicitantes de asilo, o miembros de colectivos con necesidades específicas", como los menores no acompañados ('menas'), víctimas de trata, personas lgtbi, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, entre otros.

Las organizaciones recuerdan que recientemente el Estado español ha firmado el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, en Marrakech, que aunque no es vinculante jurídicamente, insta a proteger los derechos de todas las personas, "sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración".

(SERVIMEDIA)

17-DIC-18

AHP/caa

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