Cuando Chile votó en octubre para reemplazar la Constitución redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, los residentes de las llamadas "zonas de sacrificio medioambiental" fueron algunos de los más firmes partidarios del cambio.
El plan de descarbonización de Chile, para cumplir con las metas asumidas en el Acuerdo de París, enfrenta críticas de distintas organizaciones, que reprochan la ausencia de una estrategia para mitigar los impactos sociales y económicos.
Las cupríferas chilenas Escondida y Spence, controladas por BHP, pagarán en conjunto unos 840 millones de dólares por poner fin, anticipadamente, a un contrato suscrito en 2008 con una termoeléctrica a carbón en el norte del país.
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