El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en el debate de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que tiende "la mano al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un pacto que se puede cerrar si hay voluntad política".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no incluirá en el orden del día de su Pleno de este jueves, día 25, los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, y tampoco es probable que éstas y otras designaciones sean introducidos en el debate de forma obligada por un grupo de vocales, como ocurrió el mes pasado.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha logrado el suficiente consenso para realizar seis de los ocho nombramientos que tenía sobre la mesa, uno de ellos en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
El Pleno del Congreso aprobó este jueves, y ahora remitirá al Senado, el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley Orgánica que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos de altos cargos judiciales y magistrados del Tribunal Supremo cuando sus miembros se encuentren en funciones, una vez superado el plazo legal establecido para su mandato en más de cinco años.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020 fue de 20.460, un dato que refleja un importante aumento -un 17,5% más- respecto a las iniciadas en 2019 y que constituye el primer incremento interanual observado desde el año 2012.
El 71,4% de los lanzamientos registrados en el cuarto trimestre de 2020, 8.046, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.659 (el 23,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 557 restantes obedecieron a otras causas, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Resulta difícil de entender y mucho más complicado de explicar que en un país que ha encajado la caída del PIB más alta desde la guerra de Cuba y con un impacto social aún mayor, como recordaba la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que tiene más de cinco millones de parados, incluidos los trabajadores en ERTE y los autónomos en cese de actividad, y que ha elevado su nivel de deuda pública hasta casi el 120 por ciento del PIB, tenga un gobierno dividido y enfrentado cuyas prioridades son la Ley de Transexualidad, la intervención de los alquileres, los indultos a los políticos presos del Procés, o el traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, además de alentar las manifestaciones del 8 de marzo en plena crisis sanitaria.
Cuando todo apuntaba a que el acuerdo estaba cerrado, una vez más, las negociaciones siguen sin concluirse. El PP y el PSOE han sido incapaces de nuevo este jueves de ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas partes constatan que existen escollos, por lo que no ha sido posible alcanzar un pacto.
El PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso RTVE. Y todo con Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, inicialmente, al margen. Según confirman fuentes próximas a la negociación, existiría así ya un acuerdo total para la renovación del Poder Judicial. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ya el pasado jueves en declaraciones a la Cadena SER que se iba a alcanzar un acuerdo "más pronto que tarde", asegurando que el PP no tenía ya "ni más excusas ni más fechas".
El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas presentadas contra la propuesta de su reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentada por PSOE y Unidas Podemos, para limitar sus atribuciones en funciones.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones no respeta las exigencias del principio de separación de poderes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está hecho" y solo falta que los responsables del Partido Popular (PP) se avengan a hacerlo público. "Cada día espero que suene el teléfono", dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.
Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.
Las asociaciones de jueces se reunirán mañana viernes, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para cerrar la ronda que iniciaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) con los principales grupos parlamentarios para trasladarles su Manifiesto por la Independencia Judicial.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por amplia mayoría, incluidos vocales propuestos por el PSOE, un texto en el que pide al Congreso de los Diputados que recabe su opinión y la de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la reforma legislativa, impulsada por PSOE y Podemos, que pretende prohibir los nombramientos cuando esté en funciones, como es el caso actual.
El Derecho de la Unión no se opone a disposiciones constitucionales nacionales que permiten que el poder ejecutivo o uno de sus miembros, como el Primer Ministro, asume funciones en el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, según las conclusiones del Abogado General (una especie de juez de instrucción) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy con amplias mayorías a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.
El Tribunal Supremo ha estrenado este martes, a las 18:00 horas, una iluminación externa LED de bajo consumo que además de mejorar la eficiencia energética del edificio realzará el patrimonio histórico-artístico del Palacio de las Salesas, sede del alto tribunal desde 1875. El sistema ha sido instalado por Iberdrola, que ha realizado proyectos similares en el Congreso de los Diputados, el Puente Romano de Alcántara (Cáceres), la catedral de Ávila o el interior de la Catedral Nueva de Salamanca.
Es junto a Pablo Casado la cara y la voz del PP, el hombre de perfil duro, y ácida crítica cuyas declaraciones casi siempre levantan ampollas. Pasó en un pispás de ser un ingeniero de Telecomunicaciones -doctor por la Politécnica de Cartagena- a concejal, diputado y número dos de su partido, un hombre del aparato con mucho poder que se mueve en la sede de Génova y en la carrera de San Jerónimo como pez en el agua. Teodoro García Egea (Cieza, 1985), secretario general de los populares, ha sido el artífice de la adaptación del partido a la nueva situación de pandemia: ha establecido seminarios online, reforzado la comunicación interna y manejado todo el dispositivo necesario para que, con el teletrabajo, lejos de diminuir la actividad se haya elevado. Aunque su familia se ha trasladado a Madrid, sigue muy vinculado a Murcia, donde ha vivido siempre, y circunscripción por la que es diputado: "Me gusta estar cerca de los ciudadanos y conocer sus problemas para buscar soluciones reales que el Gobierno de Sánchez no les da", señala. Dice que Pedro Sánchez no habla con Casado porque prefiere hacerlo con ERC y Bildu. Califica los Presupuestos como los más caros de la historia de España y advierte que el Gobierno está endeudando a las generaciones futuras para pagar su peaje a los independentistas. Califica a Vox como el gran socio en la sombra del Ejecutivo y señala que "Pablo Iglesias maniobra y Pedro Sánchez ratifica".
PSOE y Podemos avivaron la polémica sobre la reforma pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la semana pasada. La propuesta de ambos partidos de limitar las competencias de esta institución cuando sus miembros están en funciones (como ahora ocurre), hasta el punto de que no puedan hacer ningún nombramiento, sentó muy mal en el ámbito jurídico español, e incluso en instancias europeas. Comentan fuentes comunitarias que, por segunda vez desde el final del verano, Bruselas planea reclamar información al equipo del ministro Juan Carlos Campo sobre los cambios que se preparan para el CGPJ. Los expertos consultados explican que ahora no se pueden esperar amonestaciones, o imposición de directrices, ya que la UE no se pronuncia sobre reformas que no están todavía aprobadas. Con todo, resulta significativo el interés por seguir tan de cerca el proceso que muestran las autoridades comunitarias, comentan esas mismas fuentes. Añaden que es obvio que en Bruselas preocupa el hecho de que no está habiendo ningún tipo de mano tendida a la oposición en un tema tan delicado y quieren hacer notar que no se olvidan de este asunto al Ministerio y al Gobierno. En 2021, cuando previsiblemente la reforma esté activada, nos arriesgamos a recibir advertencias mucho más serias si el proceso sigue así, apuntan desde las instituciones europeas.
La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha anunciado este viernes que la toma en consideración de la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado, que registraron esta semana, se debatirá en el Pleno del Congreso del día 15 de diciembre, y saldrá adelante por "mayoría absoluta" para poder ser tramitada.
Pese al aumento de casi cinco puntos en la resolución de asuntos en juzgados y tribunales, la bolsa de asuntos pendientes (3,2 millones) se ha incrementado en este trimestre un 13,4% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011. Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Así, se refleja en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.
El número total de lanzamientos, comúnmente desahucios, sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55% menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre de 2019, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La mayoría de las asociaciones judiciales y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han lamentado la proposición de ley presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos, subrayando que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces.
PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy una proposición de Ley conjunta en el Congreso de los Diputados que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad.
Todos nos encontramos inmersos y somos protagonistas de la llamada transformación digital que está afectando a todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Una transformación que ha recibido un empujón importante a raíz de una pandemia que nos ha obligado a acelerar la realización de actividades a distancia como el teletrabajo, la educación a distancia, el ecommerce y un largo etcétera que incluye actividades de la vida diaria que no pensábamos hace tan solo unos meses que se pudieran digitalizar.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió este lunes el actual modelo de nombramiento de fiscal general por el Gobierno, si bien reconoció que es preciso mejorar la percepción de la independencia de esta institución en la reforma de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye la instrucción penal a los fiscales, y que ha comenzado su tramitación parlamentaria.
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