"Las manifestaciones públicas de los jueces deben efectuarse en todo caso con prudencia y moderación, pues pueden ser negativas para la apariencia de imparcialidad y, en definitiva, para la imagen de la Justicia". La Comisión de Ética Judicial considera que las informaciones o declaraciones públicas ofrecidas por el juez deben tener como límite los derechos e intereses de las partes en el proceso y el buen desarrollo de las actuaciones judiciales.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, destacó que "el cumplimiento de la ley, la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos, el respeto a las instituciones y la consecución de una convivencia pacífica y civilizada, dependen de la Justicia". Lesmes inauguró en Santander las XVI Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.
Los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.252 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género en el segundo trimestre del año, de las que el 69,74% (9.242) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 1,4 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2018, que representaron un 68,4% del total.
Barcelona, 23 sep (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho este que lunes espera que "la reacción" de la sociedad catalana a la sentencia que dicte el TS en el caso del 'procés' "no sea en ningún caso excesiva o sobreactuada".
Barcelona, 23 sep (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho este lunes que espera que "la reacción" de la sociedad catalana a la sentencia que dicte el TS en el caso del 'procés' "no sea en ningún caso excesiva o sobreactuada".
Barcelona, 23 sep (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dicho este lunes que espera que "la reacción" de la sociedad catalana a la sentencia que dicte el TS en el caso del 'procés' "no sea en ningún caso excesiva o sobreactuada".
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que quedará vacante el próximo 27 de octubre, fecha en la que expirará el mandato de cinco años para el que fue nombrado su actual titular, Manuel Marchena, el magistrado que ha estado al frente en la vista por el juicio del Procés.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, denunciaba en la apertura del Año Judicial el descrédito al que la situación política puede llevar al máximo órgano de la judicatura. Un descrédito que nace del origen mismo de la composición de una institución en la que sus miembros son nombrados por los partidos políticos, en función de sus afinidades.
Al prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, se le acumulan los problemas. A sus apuros económicos para mantener su tren de vida en Waterloo se une otra nueva complicación: la renovación de su DNI. Este trámite que no significa complicación alguna para la mayoría se convierte en un nuevo quebradero de cabeza para el expresidente de la Generalitat, cuyo documento caduca el próximo 3 de febrero. Máxime porque lo necesita en vigor si quiere presentarse a unas hipotéticas elecciones al Parlament. En dicho caso tendría que acudir a una embajada o un consulado español en el extranjero para hacer el trámite. Pero si lo hace corre el riesgo de ser detenido. De hecho, cuentan que su abogado le ha dicho que ni se le ocurra. Por tanto, si Quim Torra no hace lo que se rumorea y retrasa los comicios catalanes a la primavera del próximo año, Puigdemont no podrá presentarse como candidato. Es cierto que al tener vigente el Pasaporte puede seguir viajando por el extranjero. Pero es obvio que la caducidad del DNI supone un nuevo problema de difícil solución para Puigdemont.30/05 | El Economista
Ecoley
El juez podrá rechazar el perdón al agresor como causa de extinción de la responsabilidad penal cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad, según establece el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo texto ha avalado el Pleno del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), en un informe, aprobado por unanimidad, del que es ponente el vocal Juan Manuel Fernández.
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