El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe al anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia. El CGPJ observa un marcado carácter coyuntural de la norma proyectada, vinculada a la actual situación de crisis sanitaria y a la afectación del sistema de justicia por razón de ella, por lo que cuestiona "la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de tal coyuntura y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia". Destaca en este sentido el establecimiento de presupuestos o requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio del derecho a la tutela judicial, como el diseño de un régimen de solución de conflictos previo a la jurisdicción, que queda en un segundo escalón, con el riesgo de ver degradada su función constitucional, cuya relevancia se relativiza. Estas son algunas de las conclusiones que se recogen en el informe aprobado por el Pleno.
La Comisión Europea volvió a pasar revista al Estado de Derecho en los 27 socios de la UE. Hungría y Polonia continúan destacando como los rebeldes, representando un serio desafío para Bruselas y las capitales. Pero España también se volvió a llevar un serio rapapolvo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial en este segundo examen anual que realiza el Ejecutivo comunitario.
La Comisión Europea vuelve a presionar a España para que despolitice la Justicia. El comisario de Justicia, Didier Reynders pidió al Gobierno y a la oposición que lleguen a un acuerdo para conseguir una reforma del Consejo General del Poder Judicial, para que al menos la mitad de sus 20 vocales sean elegidos por los jueces. De esta manera, nuestro país se adaptará "a los estándares europeos", subrayó el comisario.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó en un comunicado el informe del Consejo de Europa en el que se compara la justicia española con la turca y se obvian los principios de legalidad, separación de poderes, independencia judicial e igualdad en la aplicación de la ley, en sus recomendaciones a los jueces españoles para que dejen sin efecto los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes huidos al extranjero, así como que se abandone el resto de los procedimientos penales contra funcionarios de menor rango implicados en el referéndum ilegal del 1-O.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el foro judicial independiente instan en un comunicado conjunto al Gobierno, a que, como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de resolución, aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, que viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado sin cambios, con 15 votos a favor y 6 en contra, el informe sobre el Anteproyecto de ley de Memoria democrática, un texto crítico con algunos aspectos de la norma al considerar que vulneran la libertad de expresión, como es el caso de la apología franquista que desarrollan determinadas fundaciones, siempre que no humillen a las víctimas.
El número de deshaucios (lanzamientos) lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2021, 10.961 en total, se incrementó en un 13,4% respecto al mismo periodo de 2020.
Cuando, nada más arrancar la entrevista, le preguntas que le quita el sueño a la número tres del Partido Popular enfrascados como están en sus congresos provinciales y autonómicos dice sin más que de puertas adentro el PP está unido y fuerte. "Estamos contentos y concentrando nuestros esfuerzos en poder gobernar España tras las próximas elecciones "señala. Quienes la conocen bien la definen como una persona comprometida, seria y responsable, cercana a los ciudadanos de a pie y curtida en mil batallas frente a los independentistas de Bildu, contra quienes ha bregado en el Parlamento de Navarra en las últimas legislaturas. Precisamente en su fortaleza frente a adversarios duros estuvo el secreto de su éxito para que Pablo Casado la designara vicesecretaria de organización y encargada de cuidar y movilizar la maquinaria de la calle Génova. "Es la equivalente en el organigrama del PP a José Ábalos en el PSOE, pero con más poder e influencia "señalan algunos de sus colaboradores.
Los españoles consideran que el Poder Judicial funciona mejor que el Ejecutivo (el Gobierno) y que el Legislativo (el Parlamento), según los datos aportados por una encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre un total de 1.000 trevistas representativas de la población mayor de 18 años y residente en España.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en el Pleno celebrado este jueves estudiar en un Pleno Extraordinario la posibilidad de interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) como respuesta a la reforma que recorta sus atribuciones para nombrar altos cargos judiciales, pero para ello será necesario que cinco de sus vocales presenten una propuesta al respecto antes del próximo día 30, fecha en la que concluye el plazo para poder recurrir al Tribunal de Garantías.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han acogido con "satisfacción la decisión del Gobierno de retirar definitivamente la propuesta de cambiar las mayorías por las que se elige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien han insistido en la urgencia de renovar el actual CGPJ para abrir después del debate sobre el sistema de elección de sus miembros.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado la intención del Gobierno de pedir la retirada de la Proposición de Ley, que paralizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección de los Consejo General del Poder Judicial (CGP) que ha sido fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dará cuenta el próximo jueves día 22 al Pleno del órgano de gobierno de los jueces del informe que, a solicitud suya, ha elaborado el Gabinete Técnico del órgano constitucional sobre el alcance de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en el debate de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que tiende "la mano al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un pacto que se puede cerrar si hay voluntad política".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no incluirá en el orden del día de su Pleno de este jueves, día 25, los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, y tampoco es probable que éstas y otras designaciones sean introducidos en el debate de forma obligada por un grupo de vocales, como ocurrió el mes pasado.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha logrado el suficiente consenso para realizar seis de los ocho nombramientos que tenía sobre la mesa, uno de ellos en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
El Pleno del Congreso aprobó este jueves, y ahora remitirá al Senado, el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley Orgánica que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos de altos cargos judiciales y magistrados del Tribunal Supremo cuando sus miembros se encuentren en funciones, una vez superado el plazo legal establecido para su mandato en más de cinco años.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2020 fue de 20.460, un dato que refleja un importante aumento -un 17,5% más- respecto a las iniciadas en 2019 y que constituye el primer incremento interanual observado desde el año 2012.
El 71,4% de los lanzamientos registrados en el cuarto trimestre de 2020, 8.046, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.659 (el 23,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 557 restantes obedecieron a otras causas, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido uno de los órganos más críticos con el proyecto de Ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad. Tanto es así que el CGPJ aprobó por unanimidad un informe que criticaba puntos del texto, como la definición de consentimiento o la asimilación del delito de abusos sexuales en la categoría de agresión. A pesar de ello, se comenta que la ministra Irene Montero ha seguido desoyendo las quejas del mundo judicial sobre todos los conflictos que plantea la Ley de Libertad Sexual en su formulación misma. Al contrario, se rumorea que Montero se ha tomado estas críticas, que están basadas en criterios puramente jurídicos, como un ataque personal por parte del mundo judicial hacia su persona. Por ello, en Igualdad se dice que Montero quiere la revancha. Con esa idea, se comenta que busca implicar a su partido en una campaña para identificar al CGPJ con el machismo. Ya hay gente trabajando en dicha campaña propagandística de desprestigio, comentan desde Unidas Podemos.1/03 | El Economista
elEconomista.es
Resulta difícil de entender y mucho más complicado de explicar que en un país que ha encajado la caída del PIB más alta desde la guerra de Cuba y con un impacto social aún mayor, como recordaba la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que tiene más de cinco millones de parados, incluidos los trabajadores en ERTE y los autónomos en cese de actividad, y que ha elevado su nivel de deuda pública hasta casi el 120 por ciento del PIB, tenga un gobierno dividido y enfrentado cuyas prioridades son la Ley de Transexualidad, la intervención de los alquileres, los indultos a los políticos presos del Procés, o el traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, además de alentar las manifestaciones del 8 de marzo en plena crisis sanitaria.
Cuando todo apuntaba a que el acuerdo estaba cerrado, una vez más, las negociaciones siguen sin concluirse. El PP y el PSOE han sido incapaces de nuevo este jueves de ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas partes constatan que existen escollos, por lo que no ha sido posible alcanzar un pacto.
El PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso RTVE. Y todo con Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, inicialmente, al margen. Según confirman fuentes próximas a la negociación, existiría así ya un acuerdo total para la renovación del Poder Judicial. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ya el pasado jueves en declaraciones a la Cadena SER que se iba a alcanzar un acuerdo "más pronto que tarde", asegurando que el PP no tenía ya "ni más excusas ni más fechas".
El próximo Día Internacional de la Mujer, el 8-M, promete volver a ser conflictivo. En 2020, la polémica se centró en la manifestación que el Gobierno permitió a pesar de que el virus ya había llegado a España. Ahora la controversia se centrará en la previsible pugna que, dicen, se desatará entre la Justicia e Irene Montero. La causa está en las prisas que la ministra de Igualdad tiene para presentar, precisamente el 8-M, la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como ley del sí es sí, sobre el consentimiento en las relaciones íntimas. Para lograrlo, se rumorea en ámbitos jurídicos que Montero está presionando tanto al Ministerio de Justicia como alConsejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuentan que dicha presión está generando un importante malestar entre los magistrados, que piden más tiempo para pronunciarse sobre una norma que es muy compleja. La ley del sí es sí implica cambios en el Código Penal y obliga incluso a reformas económicas, lo que compete a varios ministerios. No es una norma que se pueda aprobar en cuatro días sin un estudio pormenorizado, dicen desde el CGPJ. Parece que la ministra solo persigue intereses puramente políticos, pero la Justicia tiene la obligación de ir más allá, añaden.28/01 | El Economista
Ecoley
El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas presentadas contra la propuesta de su reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentada por PSOE y Unidas Podemos, para limitar sus atribuciones en funciones.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones no respeta las exigencias del principio de separación de poderes.
En su tiempo se comentó que el motivo que llevó a Pedro Sánchez a decantarse por Juan Carlos Campo como sustituto de Dolores Delgado para la cartera de Justicia era su buena relación con la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pues bien, ha bastado un año desde su nombramiento para que aquel presunto lazo que unía a Campo con los magistrados haya saltado por los aires. Cuentan que el modo en que el ministro de Justicia negocia la reforma del CGPJ es precisamente lo que ha terminado por romper las relaciones y ha generado además un importante desgaste en la imagen que la opinión pública tiene del propio Campo. Tanto es así que según el último CIS, es uno de los ministros peor valorados, junto con la titular de Igualdad, Irene Montero, y el de Universidades, Manuel Castells, ambos de Podemos. En Moncloa cuentan que el hecho de que sea el ministro socialista con menor respaldo popular le coloca entre los candidatos a salir del Ejecutivo. "Está en todas las quinielas", reconocen fuentes del PSOE.9/01 | El Economista
Ecoley
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está hecho" y solo falta que los responsables del Partido Popular (PP) se avengan a hacerlo público. "Cada día espero que suene el teléfono", dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.
Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.
Las asociaciones de jueces se reunirán mañana viernes, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para cerrar la ronda que iniciaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) con los principales grupos parlamentarios para trasladarles su Manifiesto por la Independencia Judicial.
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