El presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha aprovechado su discurso en la ceremonia de la IX edición de los Premios Cepyme, para pedir un mayor reconocimiento para hacia los empresarios por su papel en el crecimiento del país. Cuerva ha hecho una oda a la "libertad de los empresarios" en nuestro país. Una libertad que los empresarios no se cuestionan, "porque la damos por hecha", ha dicho Cuerva.
El sindicato UGT ha trasladado su rechazo a la reforma de pensiones que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé cerrar por la vía exprés, alegando carácter de urgencia y usando la fórmula del real decreto-ley, tal y como informó elEconomista.es. Escrivá reitera que su aprobación es "inminente", y bajo este procedimiento la ley quedaría publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras dar el Consejo de Ministros su aprobación. "No tenemos conocimiento. No estamos en condiciones de firmar ningún acuerdo con lo que conocemos hasta ahora. Después de negociar, vamos a necesitar un tiempo para debatir la posibilidad de acuerdo internamente en el sindicato", replica Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Ni los sindicatos ni los empresarios plasmarán su firma sin negociar. "Para buscar el acuerdo es necesario estar dispuesto a negociar y no traer una reforma ya cerrada", sentencian fuentes patronales.
La organización empresarial ofrecerá asesoramiento personalizado y apoyo técnico para la búsqueda activa de empleo, así como en la elaboración del curriculum vitae o la preparación de la entrevista de trabajo.
La patronal de las pymes, Cepyme, ha publicado su propio análisis sobre el impacto de la subida del salario mínimo durante los últimos años. Su comparativa se centra en el comportamiento paralelo de dos variables esenciales para medir la marcha de una empresa: el SMI ha subido un 64,8% (desde los 655 euros mensuales en 14 pagas a 1.080 euros en 2023) y la productividad de las pequeñas y medianas compañías ha bajado un 3,6% al recoger datos desde 2016.
La Comisión Negociadora formada por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO han firmado un acuerdo en el convenio colectivo de oficinas y despachos de Zaragoza, que estará vigente entre los años 2022 y 2023.
España es una potencia emprendedora a nivel europeo pero en nuestro tejido empresarial reside un gran problema respecto a nuestros vecinos europeos: la mortalidad empresarial. En nuestro país, el 59,6% de las empresas que se crean no supera los cinco años de vida según el último informe de crecimiento empresarial de Cepyme, Situación de las pymes en España en comparación con otros países europeos, en base a los datos de Eurostat, que estudian la evolución de la mortalidad de las compañías creadas en 2014, hasta 2019.
La CEOE ha hecho su propuesta al Ministerio de Trabajo y sindicatos fuera de la mesa de negociación del SMI. Los empresarios plantean una subida moderada del SMI del 4%, elevando el salario mínimo hasta 1.040 euros brutos mensuales en 14 pagas, tal y como ha acordado la Junta Directiva de la patronal esta mañana.
La patronal de las pymes, Cepyme, calcula que la subida del salario mínimo desde 2018 ha borrado algo más de 217.000 puestos de trabajo en España. En concreto, Cepyme señala en su informe que el incremento del 35,9% que ha experimentado el SMI a partir de 2018, desde los 735,9 euros mensuales a los 1.000 euros actuales, ha generado la destrucción de 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos.
Las cargas laborales y la presión fiscal a la empresa son, según Cepyme los principales frenos al crecimiento del tejido empresarial de España. Proporcionalmente, las empresas pequeñas asumen cargas laborales y fiscales mayores. Así lo recoge el último informe publicado por la Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa (Cepyme). La organización señala que este problema debe convertirse en un asunto de Estado, ya que no solo corresponde a la empresa española sino que afecta a la situación general del país.
La última parte de la reforma de pensiones pretende reclamar mayores esfuerzos a los sueldos más altos a cambio de una compensación en sus prestaciones que se demorará 30 años en el tiempo. La propuesta que trasladó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales recoge un incremento de las bases de cotización de 30 puntos más el IPC medio desde 2025 hasta 2050, mientras la pensión máxima subirá 3 puntos más el IPC medio. Habrá que esperar a los años posteriores a 2050 para que se ponga en marcha una subida equivalente, de 30 puntos, en la pensión máxima, según recoge el borrador.
La financiación para las pequeñas y medianas empresas sufre un retroceso desde el shock económico provocado por la pandemia. Los nuevos créditos para pymes caen 3 puntos respecto a 2019, y desde la patronal Cepyme remarcan que este endurecimiento del crédito se produce en una coyuntura de falta de liquidez a consecuencia de, especialmente, la inflación. Los cambios en política monetaria, con las subidas de los tipos de interés abordadas por el Banco Central Europeo (BCE), llevan a las pymes a afrontar un empeoramiento de las condiciones de financiación.
Todos los componentes de la mesa de negociación por la reforma de pensiones en el seno del diálogo social cargan contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el retraso y la falta de información en esta segunda parte de la reforma que debe estar lista este semestre. Tal y como informó este medio, en privado ya mostraban un cierto malestar e inquietud que ahora trasladan públicamente cuando son preguntados por las diferencias con ministro Escrivá.
La Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) manifestó su rechazo absoluto al fuerte incremento de las cotizaciones sociales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que suben las bases máximas de cotización un 8,6% y pide una reflexión sobre los últimos cambios introducidos en la Ley General de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Se aproxima la fecha de las elecciones a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y su actual presidente, Antonio Garamendi, aún no tiene rival con el que competir por liderar Diego de León,50 a partir del 23 de noviembre. Ante esta situación, en los últimos días salen posibles candidatos, que según fuentes consultadas por elEconomista.es, podrían dar el paso y presentar su candidatura. El nombre que más suena en estos últimos días es el del presidente de la patronal que aglutina a las redes de concesionarios oficiales de las marcas de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola (Faconauto), Gerardo Pérez.
El tejido empresarial español continúa sufriendo los efectos de la inflación. En el caso de las pymes, los costes totales que soportan para ejercer su actividad se han disparado un 24,4% interanual entre abril y junio, según el último 'Indicador Cepyme sobre la situación de la Pyme en España' para el segundo trimestre.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha convocado a sus vicepresidentes a un almuerzo el próximo martes 20 septiembre, un día antes del Comité Ejecutivo y la Junta directiva que abrirá formalmente el proceso electoral para la presidencia de la confederación empresarial. Fuentes de la patronal señalan a elEconomista.es que se confirma que la asamblea electoral será el 21 de noviembre, cuando Garamendi cumple cuatro años al frente de la patronal.
Cepyme ha solicitado este lunes al Gobierno la aprobación de un plan integral de apoyo a las empresa, dado que la cifra total de empresas que operan en España todavía es inferior a la registrada en 2019, el último año antes de la pandemia, cuando había un total de 1,34 millones de empresas.
Por norma general, aunque siempre hay excepciones, las empresas deben acometer una serie de pagos para su creación y posterior constitución como sociedad. De igual modo, los beneficios de estas se ven gravados en forma de tributos por sus beneficios netos y, en ambos casos, España se encuentra por encima de la media de la Unión Europea en costes y tributos a pagar al Estado. Respecto a esto último, la empresa española soporta una carga impositiva total que equivale al 47% de su beneficio neto antes de impuestos; mientras que la media europea se sitúa en el 40%. Estos datos se extraen del último informe de Crecimiento Empresarial de Cepyme, en el que compara la situación empresarial de España con la de otros países europeos sobre la base de Doing Business, BM.
Los datos de la ya famosa comparativa internacional Doing Business muestran la gran intensidad con la que la actividad empresarial está gravada en España. Así ocurre en el momento mismo de la constitución de la sociedad, cuando los gastos de tramitación suponen un 11,3% del ingreso medio por habitante español, el quinto registro más elevado de toda la UE, superior en casi cuatro puntos a la media comunitaria. Pero, además, una vez que la empresa logra obtener beneficios, estos tributan a un tipo medio del 47%, lo que implica rebasar en un 7% el promedio de la Unión. En plena crisis económica, el alivio de esa situación se encuentra muy lejos de los planes del Gobierno del presidente Pedro Sánchez.
Las pequeñas y medianas empresas, una gran mayoría del tejido empresarial en España, temen que el endurecimiento de la política con la subida de 50 puntos básicos de los tipos de interés impacta directamente sobre unos balances que aún están saneados. De hecho, según destacan desde Cepyme, la restricción de créditos augura una menor inversión.
El estado de las empresas siempre es un fiel reflejo de la situación económica de un país, en el caso de España no es diferente. Los empresarios siempre van a querer maximizar sus beneficios y por tanto, su crecimiento. En el tiempo, las empresas siempre se pueden encontrar trabas naturales a su crecimiento (crisis económicas, dificultades de acceso al mercado, sector muy desarrollado y competitivo...), pero si las empresas no crecen es porque hay regulaciones que favorecen no crecer. En el caso de nuestro país, "hay más de 100 regulaciones vinculadas con el tamaño de la empresa que desalientan el crecimiento. Son de tipo fiscal, laboral, contable, financiero, de seguros y de competencia", según el último informe de crecimiento empresarial de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en base a datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno aprobó este jueves la 'Ley Crea y Crece' para la pequeña y mediana empresa española. Esta norma, una de las medidas estrella del Gobierno junto al 'Kit Digital', prometía favorecer la creación y el crecimiento empresarial de las pymes. Pero, para la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), esta norma provoca todo lo contrario a los motivos por los que fue concebida, aumentando la burocracia para solicitar subvenciones o fondos europeos. De esta forma, estas empresas deberán auditarse para comprobar que tienen sus cuentas en orden; en caso contrario, estas no podrán acceder ningún tipo de ayuda estatal.
El contexto empresarial español no consigue repuntar tras la pandemia. La sucesión de problemas que se han ido encadenando y sus repercusiones en la economía y en la empresa las sitúan en una posición muy complicada. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la situación ha explotado a raíz de la escalada inflacionista. Lo que provoca que, aún habiendo actividad, esta sea mucho menos rentable. El aumento de los costes totales, especialmente los suministros y la energía, es más rápido que el de las ventas. Según los datos del último Indicador sobre la Situación de la Pyme, elaborado por Cepyme, para el conjunto de las pymes los costes totales subieron un 23% en el primer trimestre de 2022 mientras que las ventas crecieron un 19,8%. Esto reduce los márgenes empresariales y deriva en un empeoramiento de la liquidez y de la competitividad de la empresa.
Al cierre de la Asamblea General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), su presidente, Gerardo Cuerva, ha trasladado a los presentes las dificultades que están pasando las empresas en particular y las pymes en general. El también vicepresidente de la patronal se ha mostrado visiblemente preocupado en dos cuestiones: el uso parcial de los datos y la falta de reformas por parte del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó este lunes en la clausura de la gala de la entrega de los Premios Cepyme 2021, organizado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y que, en su octava edición, reconoce el esfuerzo y labor de las pymes en 2021. Durante su discurso, Sánchez enfatizó en la necesidad de "unidad" y de "espíritu de acuerdo", también invocado por los empresarios, para sacar adelante medidas de calado como el pacto de rentas.
España sufre ante la falta de personal y, según los datos presentados por ayer por la empresa de recursos humanos Randstad y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en una jornada sobre la escasez de talento en las pyme, el 56% de las empresas tiene problemas para encontrar perfiles, tanto de alta como de baja cualificación; siendo las pymes las que están siendo más golpeadas por el déficit de trabajadores.
La supervivencia de las empresas españolas corre peligro con la escalada inflacionaria. Para el 95% de las empresas consultadas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el incremento de los precios se está notando hasta el punto de que más de la mitad de las empresas ven reducidos sus márgenes por la inflación, lo que pone en riesgo su viabilidad (15%) o les obliga a buscar financiación para afrontar los mayores gastos (16%). Para los empresarios, este incremento de los precios se está notando en el coste de los suministros (70,8%) y en la factura energética (29,2%).
Cepyme Aragón ha convocado Asamblea General con carácter electoral para el próximo 12 de mayo con el fin de proceder a la elección del próximo presidente de la organización empresarial y Junta Directiva de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Aragón.
Los empresarios rechazan la propuesta de prohibir los despidos objetivos de forma temporal que aleguen como causa el impacto económico de la guerra de Ucrania, tal como avanzó el jueves la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
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