El Gobierno de coalición de izquierdas del Ayuntamiento de Valencia formado por Compromís y los socialistas ha pasado en apenas unos días de ponerse como ejemplo de adalid en la lucha contra la especulación de los fondos buitre a sacar pecho del desembarco de una financiera con sede en Bermudas como muestra de su capacidad para atraer inversión y empresas. El propio pleno consistorial aprobó por unanimidad la moción por la que se declaró al municipio "ciudad libre de paraísos fiscales" y los socios del Gobierno han apoyado y financiado programas contra las empresas con presencia en paraísos fiscales.
El director general de la empresa pública que asumirá la gestión de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tras la reversión a partir del próximo mes de enero será el actual alcalde de Albaida, Josep Antoni Albert. El nuevo directivo público pertenece a la coalición del propio conseller de Economía, Rafa Climent, y ya había anunciado que no se presentaría a la reelección el próximo año.
Nueva crisis de Gobierno en la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig junto a Compromís y Podemos. Después de que durante casi siete años los cambios hayan sido mínimos, en el último año de esta legislatura se están sucediendo los relevos forzados.
La carrera para encabezar al grupo valencianista Compromís, uno de los socios del actual Gobierno valenciano, en las próximas elecciones tras la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta ya ha comenzado. El portavoz y diputado en el Congreso en Madrid, Joan Baldoví, ha anunciado que se presenta a las primarias que se celebrarán en febrero.
Tiene 53 años, es abogada, y hasta ahora un peso pesado dentro de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Este martes ha anunciado su dimisión tras ser imputada hace menos de una semana por el Tribunal Superior de Justicia en el caso de los abusos sexuales perpetrados por su exmarido en un centro de menores de su gobierno.
El que nació como Gobierno del cambio hace siete años en Comunidad Valenciana fruto de la unión de socialistas, Compromís y Podemos se enfrenta a uno de sus peores momentos, que puede precipitar un divorcio entre los socios o un adelanto del final de legislatura. Y lo hace al verse en una situación que esos partidos de izquierdas proclamaban que venían a desterrar de la política valenciana: un miembro del Gobierno imputado por la Justicia, su vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra.
La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, no mueve ficha tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por el posible encubrimiento del caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Oltra volvió a insistir en que no dimitirá, como exigen los partidos en la oposición, ni se lo plantea si tras su declaración el próximo 6 de julio se mantiene la imputación contra ella.
La vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, se enfrenta a su posible imputación por el supuesto encubrimiento del caso de abusos a una menor de su exmarido, en una difícil situación. La fiscalía, que pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que se declare competente para instruir el caso al afectar a una aforada como Oltra, considera en su escrito que hay indicios de que se actuó desde la Conselleria para ocultar el caso y realizar un expediente a posteriori para cubrirse las espaldas.
Salida sorpresa del Gobierno valenciano de coalición que preside Ximo Puig. El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, una de las principales caras de Compromís en el Ejecutivo autonómico, ha anunciado que deja el Gobierno valenciano para centrarse en las labores de su partido.
La investigación judicial por la actuación del departamento que dirige Mónica Oltra en el caso de la menor tutelada que fue víctima de abusos por su exmarido ya apunta directamente a la vicepresidenta del Gobierno valenciano y líder de Compromís, después de que el juzgado pida la imputación de la propia Oltra.
El Senado ha votado a favor de incluir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, por lo que las cuentas públicas tendrán que volver al Congreso de los Diputados para su votación el próximo 28 de diciembre, cuando quedarían definitivamente aprobados para su entrada en vigor el 1 de enero.
En plena recta final para la aprobación de los presupuestos valencianos de 2022, los tres socios del Gobierno valenciano han cerrado un acuerdo para uno de los puntos calientes en sus negociaciones años tras año: la implantación de una tasa turística.
El Gobierno valenciano de coalición formado por socialistas, Compromís y Unidas Podemos va a incluir por primera vez en sus cuentas públicas varias partidas elegidas directamente por los ciudadanos. Una iniciativa de presupuestos participativos con la que los socios de la Generalitat consideran que plasman una de sus promesas electorales de democratizar y abrir la gestión de la Administración valenciana. Sin embargo, los resultados cosechados muestran que si de algo no puede presumir esta iniciativa es de haber generado una gran participación.
El Tribunal Constitucional falló ayer que el cierre del Congreso de los Diputados durante la pandemia vulneró el derecho al control parlamentario del Gobierno. Este es solo el primero de los dos varapalos judiciales que el Ejecutivo espera recibir por parte del Constitucional en las próximas fechas. El siguiente concierne a la declaración del segundo estado de alarma en 2021. En Moncloa ya se temen que el tribunal presidido por Juan José González Rivas volverá a fallar en su contra. En julio se declaró ilegal el primer estado de alarma. Nada hace pensar que ahora la Justicia vaya a emitir un dictamen diferente, reconocen en el entorno de Moncloa. Con todo, lo que más preocupa en el seno del Gobierno son las reclamaciones millonarias a las que se exponen tras los fallos judiciales. Más aún al conocerse que ya se ha publicado una guía para empresas, firmada por una importante consultora, en la que se ofrecen las pautas a seguir para que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial derivada de su gestión de la pandemia. Fuentes cercanas a Moncloa reconocen que ese tipo de documentos se lo ponen muy fácil a los cientos de sociedades que están deseando reclamar.27/09 | El Economista
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El alcalde de Valencia Joan Ribó ha apuntado que "un primer estudio de los presupuestos municipales para 2022 prevé un crecimiento hasta 955 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a 2021".
La fractura entre los socios del Gobierno valenciano a cuenta de la tasa turística vuelve a reabrirse con la negociación de los presupuestos para el año próximo de nuevo. Los vicepresidentes del Ejecutivo de Puig, Mónica Oltra de Compromís y Héctor Illueca de Podemos, propondrán incluir esa polémica tasa en los presupuestos del próximo año en la comisión creada para pactarlos.
Desde que Ximo Puig preside la Generalitat Valenciana con el apoyo de Compromís y Podemos, la elaboración de los presupuestos autonómicos ha sido año tras año el escenario de continuos tira y afloja entre sus socios a medida que se acercaba la fecha para cerrarlos.
Los planes para recuperar el Instituto Valenciano de Estadística, uno de los organismos públicos valencianos que se suprimió en la anterior crisis financiera para reducir el gasto público, ya tienen nombre propio. El Pleno del Consell ha nombrado a David González, hasta ahora alcalde de Oliva por Compromís, como nuevo director general del ente que debe recopilar y dar transparencia a las grandes cifras regionales.
Las críticas que Pedro Sánchez ha recibido de su plan 2050 han sido constantes por la incoherencia que supone definir un futuro a "larguísimo plazo" cuando aún no se ha solucionado el presente, que está protagonizado por la crisis del Covid. Cuentan que uno de los colectivos que con mayor énfasis ha mostrado su enfado es el de los profesores. Para empezar, critican que el plan 2050 del Gobierno no aporte solución alguna a los múltiples problemas que padece el sistema educativo español. "El plan no dice nada al respecto de la interinidad del profesorado ni de qué se va a hacer para que dejemos de aparecer a la cola en los informes PISA", se quejan en un sindicato de profesores. Los docentes también presentan dudas al respecto de la reducción de 800.000 estudiantes para 2050 que anunció el presidente. "No se sabe a qué expertos ha consultado. Parece todo de ciencia ficción", aseguran. No obstante, el aspecto que más ha irritado a los profesores es que se les ofrezca una hoja de ruta a 30 años vista para la Educación cuando ni siquiera les han explicado cómo tienen que implantar la Ley Celaá, que ya está aprobada, a partir del próximo curso. Se comenta que los sindicatos ya han elevado sus quejas al equipo de la ministra Isabel Celaá. "Estamos a la espera de respuestas", dicen.5/05 | El Economista
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Nueva grieta entre los distintos departamentos dirigidos por Compromís y PSPV en la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Hacienda rebate en sus alegaciones al borrador elaborado por la Conselleria de Economía el modelo legal planteado por el que Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) se transformarían en corporaciones privadas de interés público para cerrar su rescate.
La brecha por la gestión de la emergencia sanitaria entre los socios del Gobierno valenciano de coalición se agrava a medida que crecen las cifras de contagiados y hospitalizados. Compromís ha hecho público un comunicado en que reclama medidas más restrictivas a las impuestas por el Consell, como ya había hecho Unidas Podemos.
Las aguas siguen estando revueltas entre las dos cabezas visibles del Gobierno valenciano de coalición, el presidente Ximo Puig y la líder de Compromís, Mónica Oltra. Al más puro estilo de Donald Trump, a través de una red social, la vicepresidenta ha rebajado la Estrategia Valenciana de Recuperación de Puig a un "documento de trabajo".
La conselleria de la vicepresidenta carga contra Hacienda por incluir cifras distintas y cambiar la distribución de las partidas pactadas por el Gobierno de coalición.
El Gobierno valenciano presenta el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2021 sin recoger los nuevos impuestos verdes y el cambio del IRPF que presentó su socio, aunque su tramitación parlamentaria podría introducir cambios.